X. MORET

VALENCIA. Antes de que acabe el año, está previsto que las Cortes Valencianas aprueben la Ley de Integración de Inmigrantes impulsada por el Consell, con lo que la Comunidad se convertirá en la primera autonomía española que se dota de una iniciativa legislativa para favorecer la «integración recíproca» de los inmigrantes a través de un contrato de suscripción voluntaria.

La Ley cuenta con la oposición del grupo parlamentario socialista en Las Cortes, que durante el debate del anteproyecto de ley presentó una enmienda a la totalidad sin texto alternativo por considerar que la nueva norma no es oportuna y plantea derechos básicos ya garantizados por otras leyes de rango superior.

Sin embargo, el PSC – PSOE propone para Cataluña una versión endurecida del modelo de integración valenciano con el fin de «combinar el respeto a la diferencia con unos valores compartidos e irrenunciables, conseguidos a través de procesos históricos que han costado mucho». Según recoge la ponencia marco del undécimo Congreso del PSC, celebrado en julio, resulta «imprescindible» incorporar la perspectiva «cultural e identitaria» en la búsqueda de un modelo de gestión de la diversidad.

«Para garantizar la cohesión de nuestra sociedad, nos hacen falta elementos compartidos que permitan la existencia de un sentimiento de pertenencia común», asegura el documento, que establece que los elementos que diferencian a Cataluña como «país» son «las instituciones, la lengua, la historia y el patrimonio cultural».

«A aquellos que llegan, les tenemos que pedir compromiso y voluntad para implicarse y formar parte de este ´nosotros´», establece el documento, que en otro punto subraya que el «desafío» es «garantizar y ampliar el sentimiento de pertenencia para que sea compartido por la mayoría».