santiago de compostela. La Fiscalía Provincial de A Coruña ha decretado el archivo de las diligencias iniciadas con motivo de la llegada de un grupo de menores extranjeros a Galicia procedentes de la Comunidad Autónoma Vasca.

La Fiscalía Superior de Galicia informó ayer en un comunicado de que se habían practicado diligencias para aclarar la llegada de los menores, de las que se encargó la Fiscalía Provincial, que ha optado finalmente por archivarlas.

Además, se ha decidido remitir las diligencias realizadas en A Coruña a las Fiscalías de Bilbao y Gasteiz, pues se considera que son éstas las que deberían analizar la posible existencia de indicios de criminalidad y, en su caso, la procedencia de ejercer acciones penales.

El órgano judicial había intervenido al detectar la Policía autonómica de Galicia un “importantísimo incremento” de jóvenes inmigrantes, la mayoría marroquíes, procedentes de la CAV, que llegaban en autobuses y trenes a A Coruña desde Bilbao o Gasteiz.

Fuentes oficiales cifraron en 23 los que habían ingresado en centros de menores gallegos y la Policía sospechaba que muchos otros no lo habían solicitado. Algunos de ellos aparecieron en la ciudad solos, indocumentados y con la dirección de la Policía local de la ciudad escrita en un papel.

sos racismo Por otra parte, SOS Racismo Bizkaia exigió ayer a la Diputación foral vizcaina que asuma su responsabilidad de tutelar a los menores inmigrantes. Según explicó SOS Racismo en un comunicado, la Policía gallega denunció que “los propios educadores que atendían a los menores les compraron billetes a Galicia y les recomendaron que acudieran a la policía para ingresar en un centro”. SOS Racismo mostró su preocupación ante estos hechos, ya que, según recordó, “no es la primera vez que la Diputación se ve obligada a demostrar ante los tribunales que no deriva a menores sin garantías a otras comunidades”.

Para la Comisión de Menores de SOS Racismo Bizkaia, “el problema de fondo reside en la irresponsable política por parte de la Diputación de subcontratar la atención a menores a entidades privadas”. Por ello, exigió que la Diputación “asuma su responsabilidad, si no gestionando de manera directa la atención a menores, incrementando al menos el control sobre las asociaciones subcontratadas”.

SOS Racismo aseguró que hará todo lo posible por impedir que las instituciones vascas “practiquen expulsiones ilegales de menores bajo el disfraz de reagrupaciones familiares”, así como que denunciará “todo intento por parte de las mismas de quitárselos de encima por la puerta de atrás, derivándolos a otras comunidades”. >deia