El 66% de las personas consultadas por Ikuspegi piensa que «quedarse en paro no puede ser motivo para expulsar a los trabajadores extranjeros». No obstante, la sociedad vasca es «más intransigente» cuando hay crímenes por medio, pues el 58% entiende que el inmigrante que vulnere el Código Penal debe ser deportado.
El macrosondeo también constata que la mayoría de los ciudadanos vincula la obtención de ‘papeles’ con el empleo. Sólo el 16,6% de los encuestados es partidario de una regularización sin condiciones, mientras que el 46% limita la concesión del permiso de residencia a quienes estén trabajando. Y casi el 10% no ve con malos ojos que se les dé dinero para volverse a su país.
Respecto a los servicios pensados para facilitar la integración laboral de la inmigración extranjera, como cursos de formación profesional y clases de castellano y euskera, la mitad de los entrevistados defiende que sólo se beneficien de ellos de forma gratuita las personas cuya situación administrativa esté regla, algo que no pueden conseguir si no consiguen primero un trabajo. No obstante, la tercera parte opina que deberían extenderse a todos los extranjeros, con ‘papeles’ o sin ellos.
Ikuspegi también destaca que el 21% de los vascos rechaza que se les pague a los trabajadores foráneos clases en su lengua materna.