BARCELONA – Redacción

En los últimos meses, el texto de la ley de Educación (LEC), que ahora llega al Parlament, ha ido modificándose para sortear o minimizar los conflictos con parte de la comunidad educativa. La autonomía de los centros, la evaluación permanente y la inmigración son algunas de las cuestiones clave abordadas por una reforma que deberá desplegarse en ocho años y que requerirá un esfuerzo económico adicional de más de 1.500 millones de euros, según el conseller Ernest Maragall.

A examen. Los centros deberán demostrar si su proyecto educativo conlleva una mejora del rendimiento de sus alumnos. Estas evaluaciones, de carácter permanente, serán efectuadas por la Agència d´Avaluació de l´Educació. También serán evaluados los profesores: desde sus métodos docentes hasta los resultados obtenidos.

Autonomía de los centros. Los centros aumentan su potestad en autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de recursos materiales y humanos. Podrán comandar el desarrollo de sus proyectos educativos, aunque no están capacitados, por ejemplo, para diseñar la aplicación del currículo.

Poder para los directores. Recogiendo las reiteradas reclamaciones de los docentes, la norma proporciona mayores atribuciones al equipo directivo, que se convierte en el órgano ejecutivo de cada centro. El director es el responsable de los objetivos fijados en el proyecto educativo y del personal. Aparte de disponer de un margen de actuación más alto, se le confiere también la condición de autoridad pública.

Carrera docente. La ley se compromete a reforzar la carrera de los profesores, estableciendo incentivos profesionales y salariales. Las evaluaciones que deberá superar el profesorado servirán en este proceso de promoción.

Máximo de inmigrantes. En cada zona educativa, la Administración establecerá un porcentaje máximo de inmigrantes y otros alumnos con necesidades específicas. Los centros no podrán superar ese límite, que se fijará en función de la composición demográfica del territorio.

Mayor implicación familiar. La nueva ley da a los padres de alumnos mayor capacidad de participación en la educación formal de sus hijos. De esta manera, tienen derecho a estar informados sobre las actividades que se desarrollan en el centro. En el momento de la matriculación, padres o tutores serán informados mediante una carta de compromiso que recoge los principios de funcionamiento del centro, así como los derechos y deberes que tienen las familias y los estudiantes.

Convivencia. Aunque la mediación sigue marcando la resolución de los conflictos entre estudiantes o entre alumnos y profesores, la ley establece muevas medidas sancionadoras, que se podrán aplicar hasta en acciones producidas fuera del centro pero que afecten a la comunidad educativa.

Inmersión lingüística. La LEC impide separar a los alumnos en función de la lengua. También especifica que las familias pueden solicitar que sus hijos reciban en castellano el primer curso del segundo ciclo de educación infantil (tres años) o primero de primaria (seis años).

Conciertos. La LEC estipula que la enseñanza es obligatoria y gratuita para todos los alumnos de 6 a 16 años. Los conciertos continúan, por tanto, en estos niveles (las familias que van a la concertada tienen que pagar la sexta hora en primaria), junto a los que tengan también convenios en las escuelas infantiles entre los 3 y los 6 años. Permiten el cobro de cuotas en la concertada, mientras no sean obligatorias. El proyecto de la LEC impide establecer nuevos conciertos con escuelas que separen al alumnado en función del sexo.

Zona educativa. Tan sólo los profesores interinos quedan adscritos a una determinada zona educativa. La Conselleria d´Educació se queda con la competencia de planificación de plazas.