J. L. JIMÉNEZ

SANTIAGO. El caso de la veintena de menores inmigrantes marroquíes enviados a Galicia en autobús de manera irregular desde el País Vasco suscita las sospechas de la oposición en la Comunidad. A través de un comunciado, la portavoz de igualdad, Susana López Abella, reclamó a la Vicepresidencia de la Xunta una política «de puertas abiertas y transparencia total», e insinuó la posibilidad de que Quintana «podría estar ocultando información para tratar de exculpar a las instituciones responsables de estas prácticas».

López Abella reclamó «respeto para la dignidad de los menores magrebíes, enviados a Galicia como se fuesen bultos facturados a través de una empresa de transporte, mientras se incrementan las evidencias de que el ala nacionalista de la Xunta trata de encubrir a sus socios de Galeusca».

El PP anunció que ya registró en la Cámara diferentes iniciativas parlamentarias para «conocer toda la información disponible» sobre la llegada masiva a Galicia de menores magrebíes procedentes del País Vasco, «donde la saturación de los centros de acogida podría haber llevado a las autoridades responsables a promover su traslado a esta Comunidades al margen de los canales institucionales legalmente establecidos».

Ente otras, la oposición demandará la comparecencia parlamentaria del conselleiro de la Presidencia, José Luis Méndez Romeu, y del comisario jefe de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia, de la que partió la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores.

El fiscal no acusa

También a través de una nota oficial, José Piñol afirmó que «no existe constancia de que las autoridades Vascas, con competencias en la materia hayan realizado ninguna actividad tendente a desviar a esos jóvenes hacia la comunidad gallega».

El Fiscal del TSXG reconoce que «parece ser, aunque no hay datos que lo confirmen, que podrían haber sido aleccionados por algún responsable de algún centro a título particular, y sin que ello pueda calificarse como una medida derivada de una cierta política de las instituciones».

Del mismo modo, la Fiscalía asegura que «no hay constancia clara de que nos encontremos ante una situación de carácter delictivo», aunque «se están siguiendo los trámites pertinentes para poder llegar a conclusiones más firmes y fiables», al tiempo que garantiza que los menores se encuentran «en situación de amparo y protección» por la Xunta.