Exigen una indemnización de 360.000 euros por haber sido retenidos, despreciados y deportados por la Policía del aeropuerto España afronta una demanda judicial en Argentina por supuesto «trato cruel» a dos ciudadanos de ese país en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), y podría verse obligada a desembolsar hasta 360.000 euros de indemnización.

El juez federal Alejandro Freytes, de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina), se declaró ayer competente y aceptó tramitar la causa penal contra el Estado español iniciada por la pareja de supuestas víctimas.

Los bailarines Walter Vergara, miembro del ballet oficial de la Orquesta del Teatro San Martín, y María Silvia Alvarez viajaron a España el 17 de noviembre de 2007. Al llegar al aeropuerto de El Prat y presentarse a la ventanilla de migraciones, entregaron sus pasaportes argentinos al policía nacional de turno y aseguraron que la visita obedecía a la boda de un familiar residente en Barcelona, además de aprovechar la oportunidad para conocer la ciudad y sus alrededores.

Aún no se sabe bien por qué, el policía no creyó el relato de los visitantes y los hizo pasar a una habitación aparte. Allí empezaron las preguntas específicas y la reclamación de detalles sobre la versión que habían dado los aparentes turistas. El abogado de la pareja, Alejandro Severín, sostuvo que las autoridades migratorias españolas argumentaron que Vergara y Alvarez «no tenían profesión alguna, ni medios de vida, ni lugar para alojarse en España, así como tampoco dinero para retornar al país».

Pero, según el letrado, «son reconocidos artistas. Uno de ellos es miembro del elenco estable del ballet del máximo teatro de la provincia de Córdoba; tenían medios económicos suficientes, incluso tarjetas de crédito internacionales».

«Tenían alojamiento reservado para la permanencia en España y sus respectivos pasajes aéreos con regreso establecido a sólo 18 días del ingreso», añadió.

La pareja de bailarines se quejó de haber recibido un trato discriminatorio durante las 48 horas que permaneció retenida en El Prat y aseguró que en varias ocasiones los policías los llamaron «sudacas» despectivamente.

Finalmente, aquel viaje a ninguna parte tuvo como epílogo la deportación a Buenos Aires.

Por todo ello, Vergara y Alvarez cursaron la denuncia penal contra las autoridades españolas acusándolas de «hecho discriminatorio por tratos inhumanos y degradantes», «lesiones graves psíquicas», «privación ilegal de la libertad» y «falsedad ideológica».

Además, reclamaron una indemnización de 1.500.000 pesos, equivalentes a 360.576 euros.

Ahora, el Consulado de España en la ciudad de Córdoba – la segunda más importante de Argentina – deberá designar a un abogado defensor que represente a nuestro país en el expediente judicial.

Posiblemente, el caso termine en la Corte Suprema de Justicia, ya que solamente ese tribunal puede investigar a los diplomáticos extranjeros.