Tras la denuncia de EL MUNDO, Interior prohibió las deportaciones, pero no varió la norma – Plan del Gobierno para proteger a las inmigrantes El Gobierno mueve por fin su gigantesca maquinaria para que las mujeres sin papeles víctimas de violencia de género no sean expulsadas cuando vayan a denunciar las palizas recibidas. Ha tardado algo más de tres años, pero parece que el óxido de esa orden emanada de la Ley de Extranjería empieza a desaparecer.

Al menos eso se desprende del Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en Población Inmigrante que varios ministerios están cocinando para mejorar las condiciones de vida de esas mujeres dos veces maltratadas.

«Los ministerios de Igualdad, Trabajo e Inmigración, Interior y Administraciones Públicas analizarán y valorarán la normativa de extranjería y propondrán, en su caso, modificaciones (…) para evitar que, en los casos de irregularidades administrativas, la denuncia pueda conllevar consecuencias negativas para la mujer que expone su situación», cuenta uno de los párrafos del borrador gubernamental, dados a conocer ayer por la Cadena Ser. El documento, de 16 páginas y fechado el pasado 30 de octubre, es hijo del Ministerio de Igualdad, pero cuenta con aportaciones de los departamentos de Interior, Justicia, Educación, Administraciones Públicas y Trabajo e Inmigración.

Fuera del críptico lenguaje político, las comillas de un poco más arriba significan que una mujer inmigrante sin papeles sigue corriendo el riesgo de ser expulsada de España si va a una comisaría a denunciar que ha sufrido malos tratos. Y significa que esa posibilidad no ha sido aún modificada en la Ley de Extranjería.

En abril de 2005, EL MUNDO denunció que la Policía tenía instrucciones oficiales de citar a inmigrantes en situación irregular víctimas de algún tipo de delito para que se presentaran en un plazo de 15 días – a partir de su propia denuncia – en la brigada de Extranjería, donde arrancaría su proceso de expulsión de España. Y, para que no hubiera dudas de la intención de esa visita a Extranjería, se las advertía de que fueran «provistas de su pasaporte».

Interior trató de desmentir aquella información, pero las evidencias de las citaciones y los casos que se descubrieron – sólo entre el 4 y el 7 de abril, una inmigrante del barrio madrileño de Usera y otra de Alcobendas que habían denunciado agresiones de sus maridos fueron citadas para acudir a Extranjería – obligaron al Ministerio a decretar una amnistía temporal: todas las órdenes de expulsión serían revocadas de oficio y ninguna mujer sería deportada mientras estuviera en vigor el proceso extraordinario de regularización que se vivió en España aquellos meses. Y la fecha tope era el 7 de mayo.

Sin embargo, las reiteradas denuncias de colectivos humanitarios forzaron que, en julio de 2005, Interior emitiera una circular interna que anulaba la orden anterior y prohibía expulsar a las sin papeles maltratadas. Desde entonces, los responsables del Gobierno insisten en que ninguna inmigrante ha sido sacada de España por esa razón. La última afirmación en este sentido es del propio ministro Rubalcaba hace un par de semanas en el Congreso.

Entonces, ¿por qué ahora el Gobierno decide modificar la norma para «evitar» que la denuncia traiga «consecuencias negativas» para la inmigrante? Contestación de anoche del Ministerio de Igualdad: «Porque aunque la instrucción interna de la Policía para evitar expulsiones sigue en vigor, no se ha cambiado la ley que permitía esas expulsiones. Se trata de dar más garantía jurídica para que esa situación, que Interior asegura que no se ha vuelto a producir desde julio de 2005, no se dé con la protección garantista que significa dejarlo claro en la ley».

Por su lado, Interior no quiso entrar a ayer a valorar la legislación y se remitió a las palabras de Rubalcaba. «El ministro ha repetido que no se ha expulsado a ninguna inmigrante irregular que denunciara ser víctima de violencia de género. Si hay un borrador que propone cambios legislativos, lo estudiaremos».