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LA CORUÑA. El fiscal de Extranjería del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Manuel Armenteros, aclaró que la investigación que se está desarrollando en relación al posible envío irregular de menores desde el País Vasco a Galicia se centra «en dos asociaciones concretas», sin que el Gobierno Vasco esté involucrado en el asunto.

De hecho, Armenteros explicó que el Gobierno Vasco podría desconocer lo que estaba ocurriendo, por lo que «en ningún caso» se está investigando la actuación de las autoridades, y sí de dos asociaciones concretas – de las que no desveló el nombre porque la investigación está abierta – y basándose siempre en declaraciones de los propios menores, según informa Ep.

La investigación surgió hace unos meses cuando tanto la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, como la Policía Autonómica de Galicia, constataron la llegada de más de una veintena de menores procedentes del País Vasco por autobús a la ciudad herculina, ante lo que comenzaron una investigación que desembocó en la remisión de una denuncia a la Fiscalía de Menores y que se recibió la semana pasada.

Según relató Armenteros, alrededor de una decena de menores, todos de nacionalidad marroquí, y de entre 16 y 17 años, acudieron a diferentes comisarías de la ciudad y declararon que estas dos asociaciones les habían facilitado un billete de autobús con destino La Coruña para que, una vez allí, acudieran a la Policía, explicaran su situación y fueran acogidos en centros de la provincia «en los que les aseguraron que serían bien tratados».

Además, según consta en la denuncia de la Policía, dichas asociaciones, al ser interrogadas por estos hechos, aseguraban que estos menores se habían fugado. En este sentido, Armenteros aclaró que se tiene constancia de la llegada de más de veinte menores inmigrantes desde el País Vasco, de los que alrededor de una decena habrían declarado que se les había facilitado el viaje, mientras que el resto habrían llegado por otra vías o fugándose.

Quintana exculpa al País Vasco

El vicepresidente de la Xunta rechazó culpar al Gobierno Vasco porque «no tiene pruebas fehacientes» de que sea «producto de la decisión de un

gobierno». «Lo que es evidente es que algo no funcionó bien, algo funcionó rematadamente mal y, sobre todo, que se ha hecho algo irregular», puso de manifiesto.

Tras un acto en Santiago, Anxo Quintana aseveró que la «prioridad» de la Administración autonómica es «atender a los menores» y que «inicien los itinerarios de integración» recogidos en los protocolos de actuación con menores. Además de la atención, puntualizó que el Gobierno gallego también busca «dilucidar y depurar las responsabilidades».