El año pasado se incoaron 1.300 expedientes de repatriación de menores (la mayoría marroquíes), y se hicieron efectivos en 111 casos. Y esos casos finalizaron en el traslado de los chicos a sus países de origen porque colaboraron y mostraron su interés en regresar a sus casas. Si los menores hacen lo posible por quedarse, «se quedan seguro», apuntan fuentes de la Fiscalía.

Organizaciones no gubernamentales, fiscales especializados en extranjería, como el Defensor del Pueblo en su momento, recomendaron a Inmigración establecer la obligación de que los menores sean oídos por la autoridad competente para decidir sobre su repatriación antes de dictarse la resolución procedente, y de realizar un análisis pormenorizado de cada caso.

«Creo que el menor tiene derecho a ser oído en unas condiciones determinadas, no basta con saber qué opina, sino que tiene que tener una posibilidad de defensa, de asesoramiento jurídico….», apunta el fiscal español de Extranjería Sánchez – Covisa, entre cuyos cometidos figura dar respuesta uniforme y coordinada a los sesenta fiscales especializados en esta materia que hay en las diferentes comunidades autónomas.

Por otra parte, la intención de la Fiscalía es diagnosticar la situación de los centros, la mayoría de ellos ubicados en Andalucía y Canarias, detectar posibles carencias y elaborar un protocolo de inspección que unifique criterios para adoptar las medidas «que procedan» y que «no ocurran casos como los que acaban de suceder en dos instituciones vascas», señalan desde la Fiscalía.

País receptor

El problema va a más. España se ha convertido desde el año 2000 en el segundo país del mundo en inmigración, después de Estados Unidos, por lo que la colaboración con los países de origen es «crucial y obligatoria».

Los fiscales también recalcan la necesidad de la integración social de los inmigrantes , ya que es la «única manera de evitar el rechazo o la xenofobia».