La Fiscalía de Extranjería del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha centrado sobre dos asociaciones vascas la investigación acerca de los supuestos envíos irregulares de menores magrebíes desde el País Vasco hasta la comunidad gallega en los últimos meses. El titular de este organismo, Manuel Armenteros, aclaró ayer que «en ningún caso» se atribuye esta conducta a las autoridades vascas, que podían incluso «desconocer lo que estaba ocurriendo», señaló.

Armenteros destacó que la investigación que lleva a cabo su Fiscalía se ha centrado sobre «dos agrupaciones concretas», cuyo nombre mantuvo en secreto porque las pesquisas aún están en marcha. Cuando estén más avanzadas, apuntó, lo probable es que pasen al cargo de la Fiscalía vasca.

La investigación arrancó hace varios meses, cuando la Policía detectó en Galicia la llegada por autobús de una veintena de menores de origen magrebí procedentes de Euskadi. Alrededor de una decena de ellos, según el fiscal de Inmigración, acudieron a comisarías de La Coruña. Declararon que dos asociaciones les habían facilitado un billete de autocar y les habían recomendado que, una vez en la ciudad, debían acudir a la Policía para explicar su situación. «Les aseguraron que aquí serían bien tratados».

Las asociaciones, según consta en la denuncia policial, argumentaron que los menores se habían escapado. Lo ocurrido podría estar relacionado con que los centros vascos implicados carecieran de plazas para acogerlos, pero «el problema», apuntó el fiscal, radica en la forma en que se efectuó el traslado, «dejándoles a su suerte en el viaje». Esto puede derivar en un presunto delito de abandono de menores.

«Algo no funcionó»

De otro lado, el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, señaló ayer que el Ejecutivo gallego «no tiene pruebas fehacientes» de que el traslado de los menores sea «fruto de la decisión de un Gobierno», por lo que rechazó «culpabilizar» del envío a la Administración vasca.

«Lo que es evidente», señaló, «es que algo no funcionó bien y, sobre todo, que se ha hecho algo irregular». Quintana adelantó que el caso será motivo de queja por parte de la Xunta, aunque subrayó que está convencido de que las autoridades vascas «tienen tanto interés como las gallegas en que no se vuelva a repetir».