Arriaga, Chiapas, México. La Iglesia Católica demandó al Gobierno de México que frene la ola de secuestros, asaltos y violaciones que cometen presuntos Zetas —brazo armado del Cartel del Golfo— y miembros de la pandilla Salvatrucha en contra de migrantes centroamericanos durante su viaje a los Estados Unidos.

El coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur, Alejandro Solalinde Guerra, pidió a los gobiernos federal y de los estados que integran la llamada “Ruta del migrante” —Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, entre otros— que combatan las actividades ilícitas que se registran contra los indocumentados, muchos de los cuales son guatemaltecos.

También demandó que se vigile que la Policía y los servidores públicos no se presten a la corrupción, y que se investiguen y castiguen los abusos en los que resulten implicados.

El también director de la Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, externó su preocupación por la ola de secuestros, asaltos y violaciones, que ocurren principalmente en los estados de Veracruz y Tabasco, así como en algunos sitios de Chiapas y Oaxaca.

“En Veracruz, los focos rojos inician en Medias Aguas, Coatzacoalcos; Tierra Blanca y Orizaba, en Tenosique, Tabasco; Lechería, en el Distrito Federal, y Reynosa, Tamaulipas”, en donde los migrantes son secuestrados en forma masiva, para luego exigir, mediante amenazas de muerte, el pago de rescate a familiares que viven en Estados Unidos”, denunció Solalinde.

Afirmó que, a pesar del esfuerzo que realiza el gobierno de Chiapas para combatir la delincuencia contra los indocumentados, no ha logrado erradicar los asaltos y violaciones que se comenten en el punto conocido como La Arrocera, ubicado atrás de la garita migratoria El Hueyate, en Huixtla, y en el basurero, en Arriaga, mientras que en Oaxaca, los atracos contra los migrantes se comenten en Ixtepec, Las Anonas, Unión Hidalgo y Juchitán.

Solalinde denunció que el secuestro más reciente contra migrantes se registró el miércoles recién pasado, a las 12 horas, en las cercanías del paraje El Venado, Las Anonas, Oaxaca, cuando un grupo de sujetos armados con fusiles AK – 47 se llevó a varias mujeres que viajaban en el ferrocarril.

Explicó que el tren salió de ese municipio a las 8 horas, con decenas de inmigrantes a bordo, y al llegar al punto mencionado, los maquinistas hicieron retroceder el referido transporte, momento que fue aprovechado por los delincuentes para llevarse por la fuerza a varias mujeres, una de las cuales fue identificada como Naidin Marily Gaytán Lobo, de nacionalidad salvadoreña.

“No intenten huir, porque los mato”, fue la advertencia que uno de siete secuestradores hizo contra cinco migrantes guatemaltecos que, seguido de golpes e insultos, fueron conducidos a una de las “casas de seguridad” de los delincuentes, ubicada en las inmediaciones de la estación de ferrocarriles de Orizaba, Veracruz.

El “sueño americano” de Carlos Agustín López, Héctor Humberto Duarte, Bayron Estuardo Batres, Léster Wilfredo Cardona y Gustavo Ortiz Cartagena se convirtió en pesadilla, cuando un grupo de secuestradores integrado por supuestos Zetas y pandilleros los mantuvieron privados de su libertad y amenazados de muerte si sus familiares no pagaban US$3 mil para liberarlos.

A golpes, insultos y amenazas, los delincuentes lograron que los guatemaltecos, de entre 16 y 18 años, residentes de Puerto Barrios, Izabal, les dieran los números telefónicos de sus familiares para exigirles pago por su libertad.

¡Dame el número, pinche puto…! ¡Me das el número o los mato!, exigían los secuestradores a los atemorizados migrantes, mientras descargaban contra sus cuerpos patadas y puñetazos.

Tras negociaciones, cuatro de los guatemaltecos fueron soltados luego de que sus familiares pagaron US$500, mientras que uno de ellos estuvo cautivo por casi un mes, hasta que su madre logró reunir US$300 para pagar el rescate.

Los guatemaltecos, quienes fueron asesorados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Casa del Migrante, de Arriga, denunciaron el atropello en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Migrantes en Chiapas, quienes iniciaron la averiguación respectiva en expediente 011/FEDCM/I/2008.