E. AMADO

SANTIAGO. El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, apuntó ayer a la actuación de funcionarios de los Servicios Sociales del Gobierno vasco como el posible origen de la llegada irregular a Galicia de 23 inmigrantes, en su mayoría de origen marroquí, procedentes del País Vasco. Una investigación de la policía autonómica actualmente bajo la supervisión de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Galicia recoge pruebas documentales y testimonios de los menores en los que se apunta directamente a los servicios de acogida de la comunidad vasca.

El conselleiro de Presidencia apuntó que el goteo de inmigrantes registrado desde el pasado mes de julio se debe «a la iniciativa de funcionarios del Gobierno vasco y no directamente del Ejecutivo». Romeu observó en el caso «indicios preocupantes», que darían pie a la teoría de que el fenómeno de la llegada de los menores desde el País Vasco no fue algo ocasional.

Ante el cariz de los acontecimientos, la Xunta presentará una queja formal al término de la investigación. «La forma de presentar la queja, en su momento, dependerá del resultado de la investigación que está en curso», matizó el conselleiro de Presidencia en una entrevista concedida ayer a la Radio Galega.

Méndez Romeu explicó cómo esta problemática detectada por agentes de la Policía adscritos al servicio autonómico mostró que a la Comunidad estaban llegando contingentes de menos de forma «sorprendente» y «no normal».

Según se iban sumando nuevos casos en la investigación abierta, apuntó el conselleiro, pudo observarse que las pruebas apuntaban a que centros de menores del País Vasco enviaban a estos grupos de menores «con el objetivo de dejarlos de atender en una parte de España para atenderlos en otra parte de España». «Esto no es regular», lamentó. El titular de Presidencia recordó los acuerdos con la Administración central y las comunidades sobre colaboraciones a este respecto.

El gobierno gallego está en la actualidad en contacto con la Fiscalía de Menores para seguir el caso. Cuando fuese el momento, observó Méndez Romeu, la Xunta hará conocer a los responsables de gobierno vasco y central sus alegaciones para «evitar estos comportamientos irregulares».

Méndez Romeu se mostró también en sintonía con la postura de Emilio Pérez touriño, que aseguraba el pasado sábado que Galicia mantendrá su compromiso con la acogida de inmigrantes según lo establecido por ley y de manera solidaria. Por su parte, el departamento de Vicepresidencia de la Xunta, del que dependen los centros de acogida que asumieron a los inmigrantes, defendía el derecho de los jóvenes a su integridad personal y evitaba entrar en polémicas sobre la procedencia de los menores.

Mientras continúa abierta la investigación, los centros de acogida José de Calasanz (La Coruña) y Soutomaior (Ferrol) siguen dando cobijo a los veintitrés menores magrebíes, que comenzaron a llegar a Galicia en el mes de julio.

Las pruebas recogidas por la policía autonómica, fundamentalmente billetes de autobús y tren, así como las declaraciones de los propios menores implicados, incriminarían directamente a los trabajadores del área de Asuntos Sociales del gobierno vasco, que habrían pagado incluso los viajes de los inmigrantes, según se recoge en el informe policial en manos del fiscal.