Los servicios sociales forales de Álava y Vizcaya, que en la actualidad tienen la guarda de 76 adolescentes, en el primer caso, y de más de 400 en el segundo, aseguraron que ninguna institución les ha informado sobre el flujo de menores, pese a que el informe de la Policía Autonómica está en manos de la Xunta y del fiscal de Inmigración, en este último caso por si considera oportuno abrir una investigación. «Nosotros no embarcamos a nadie a ningún sitio», subrayaron fuentes del gobierno vizcaíno. «Lo negamos rotundamente», remacharon sus homólogos de instituciones alavesas.