EVARISTO AMADO

SANTIAGO. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, evitó ayer pronunciarse sobre el caso de los inmigrantes irregulares llegados en los últimos meses a Galicia procedentes del País Vasco mientras no se confirmen todos los detalles de la investigación llevada a cabo por la polícía autonómica. La Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya ha puesto el caso en manos de Extranjería y comunicará a sus homólogos vascos que investiguen el caso.

El titular del gobierno gallego eludió también acusar al gobierno de Ibarretxe del envío irregular de los internos, que buscaron acogida en Galicia procedentes de Bilbao y Vitoria. Simplemente se limitó a expresar su defensa de la solidaridad entre Comunidades frente al problema de la inmigración.

Las pruebas recogidas por las fuerzas de seguridad – billetes de autobús y tren – , así como los testimonios de los menores, incriminan directamente a los responsables de Asuntos Sociales del gobierno vasco, que habrían pagado incluso los viajes de los inmigrantes, según se recoge en el informe policial en manos del fiscal.

Los centros de acogida José de Calasanz (La Coruña) y Soutomaior (Ferrol) acogen en la actualidad a un total de veintitrés menores magrebíes cuyo único denominador común es su lugar de procedencia. El goteo se inició en el mes de julio. A partir de entonces, la policía fue recogiendo pruebas y testimonios que han terminado por desmontar los que podría significar un completo escándalo.

El informe policial remitido a la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Galicia explica que la procedencia de los menores está constatada «en ocasiones de forma fehaciente a través de los billetes de bus que los menores portaban»; en otras, «por las propias manifestaciones de los jóvenes, los cuales aseguraban que allí los acompañaban a la estación de autobuses, les compraban los billetes y les daban indicaciones de que se dirigiesen a Galicia».

Por su fuera poco, el dossier remitido al fiscal de Menores incluye un atestado de la policía local coruñesa – fechado en el mes de septiembre – en el que se recogía la incautación a uno de los chicos de un papel en el que figuraba, además de la dirección del cuartel en la ciudad gallega, un cuño con el nombre «Ixuri Zabaltzen», un centro de menores dependiente de la Diputación de Álava.

Precisamente fue este organismo provincial el que ayer se desmarcaba de las imputaciones recogidas en el informe de la policía. La institución foral señalaba ayer su desconocimiento de la llegada a Galicia de inmigrantes irregulares procedentes del País Vasco, así como defendía el «protocolo riguroso» seguido por sus funcionarios en el ingreso y la salida de los menores de sus servicios sociales, coordinado con la Fiscalía y la Policía. Por último, el ente remarcaba que desde la Xunta no se le comunicó ninguna queja a este respecto.

Los jóvenes, que siguen en los centros, podrían ser repatriados al fin de las pesquisas.