Las diputaciones de Vizcaya y Álava desmintieron ayer que estén enviando menores extranjeros a Galicia para que se ocupen de ellos los servicios sociales de aquella comunidad, tal y como se desprende de un informe de la Policía de La Coruña que ha sido remitido a la Fiscalía provincial. Los funcionarios aseguran que entre el pasado 30 de julio y el 3 de noviembre han llegado 23 chicos a la ciudad gallega, en su mayoría de Marruecos, asegurando que les habían pagado el autobús desde Vitoria o Bilbao.

El documento pone el ejemplo de tres adolescentes, dos marroquíes y un guineano, que aparecieron en La Coruña el pasado 27 de octubre procedentes de la capital vizcaína, diciendo que un educador no sólo les había facilitado el pasaje por carretera, sino que les había aconsejado acudir a la Policía para que les enviaran a un centro de acogida.

Según la Jefatura coruñesa, dos de esos tres chicos habían sido identificados con anterioridad por la Policía de Bilbao. Y otro menor que llegó a Galicia en una fecha distinta llevaba encima un papel con el membrete ‘Ixuri Zabaltzen’, un centro de menores de Vitoria, en el que se podía leer la dirección de la Policía local de La Coruña.

No obstante, los servicios forales de Álava y Vizcaya, que en la actualidad tienen la guarda de 76 adolescentes, en el primer caso, y de cerca de 400, en el segundo, aseguraron que ninguna institución les ha informado sobre el flujo de jóvenes, a pesar de que el informe de la Policía coruñesa está en manos de la Xunta de Galicia y del fiscal de menores, en este último caso por si considera oportuno abrir una investigación. «Nosotros no embarcamos a nadie a ningún sitio», subrayaron fuentes del gobierno vizcaíno. «Lo negamos rotundamente», remacharon sus homólogos alaveses.

Los expertos en Inmigración explican que es frecuente que los menores extranjeros deambulen de un centro a otro de la península, en busca de parientes que se han instalado con anterioridad en alguna ciudad o animados por amigos y compatriotas con los que están en contacto a través del ‘móvil’. Esos adolescentes, que reciben una ‘paga’ de los servicios sociales, acuden habitualmente a la Policía para que les envíen a sitios donde alojarse.

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, reconoció que el informe de la Policía coruñesa le ha causado «extrañeza», pues la acogida de los chicos extranjeros se realiza con arreglo a un procedimiento de identificación y determinación de edad supervisado por la autoridad judicial. Si se verifica que tienen menos de 18 años, las diputaciones asumen su tutela y están obligados a comunicar al juez su ausencia. «Nadie se ha dirigido a nuestra Fiscalía desde Galicia», insistió Izaguirre.