La crisis golpea con especial virulencia a las familias más necesitadas. Sirva un ejemplo. “Acabamos de despedir a una persona que volvía a Rumanía con un camión en el que ha metido toda la pobreza que ha acumulado en España. Ha regresado sin trabajo y sin esperanzas”, explica la presidenta de una de las asociaciones de inmigrantes del Este más representativas de la Comunitat. La historia suena demasiado. Existe el convencimiento generalizado de que la situación económica afecta especialmente al trabajador inmigrante, y no son especulaciones gratuitas. Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, en un año se ha duplicado el número de parados entre los extranjeros residentes en la Comunitat. El pésimo balance se debe especialmente a las cifras referentes a la construcción (14.080 empleos menos) y en mayor medida a las del sector servicios (hasta 20.566).

En datos absolutos, 23.463 personas de origen extranjero no tenían trabajo en octubre de 2007. Un año después, en plena recesión, la cifra asciende a 43.410. El incremento es de 19.947 inmigrantes.

En comparación con los datos generales, la inmigración sólo supone una pequeña parte del total de desempleados (en la Comunitat hay 311.659), aunque la variación relativa sí que deja entrever que los extranjeros están sufriendo más si cabe la crisis. El incremento de desempleados inmigrantes ha sido del 86%, mientras que entre el total de parados (nacionales y foráneos) se sitúa en un 58%. Hay que recordar que el dato regional es uno de los peores registrados. En un año se ha pasado de 202.645 desempleados a los 311.659 de la actualidad.

Edgar, inmigrante boliviano, recibió la mala noticia de buena mañana. “Llegué al trabajo a primera hora. Era soldador en una obra que estaba a punto de terminar. El capataz me dijo que ya no había faena y que tenían que despedirme. Llevaba dos años haciendo lo mismo y resultó muy difícil encontrar algo nuevo”, señala tras una dura jornada en el campo. “He pasado de cobrar entre 1.200 y 1.400 euros a recoger apenas 800, siempre que el tiempo nos permita trabajar”, señala.

El frenazo de la construcción ha provocado una goteo paulatino de la mano de obra extranjera hacia otras actividades, como la agricultura. Hace un año, cuando se hablaba de crisis con la boca pequeña, en la Comunitat había 5.963 inmigrantes desempleados en el sector del ladrillo. Según los datos de octubre de este año, el número de afectados se ha duplicado, llegando a los 14.080 parados.

“Entre el 50 y el 70% de rumanos que trabajaban en obras han tenido que cambiar de trabajo”, apunta Angela Placintar, presidenta de AIPE (Asociación de Inmigrantes de Países del Este). La entidad está radicada en Castellón, provincia donde se concentran gran parte de los rumanos de la Comunitat. “El problema es que muchos que tienen una cualificación para desempeñar una tarea especializada no encuentran trabajo”, concluye.

La crisis internacional ha sido decisiva en las Administraciones a la hora de replantearse las actuaciones ante el fenómeno de la inmigración. Se ha pasado de dar prioridad a políticas de integración a poner sobre la mesa iniciativas que favorecen el retorno voluntario, y que están muy relacionadas con el empleo. Pese a la buena intención, no resultan muy atractivas para los potenciales beneficiados. “Llegué a pensar en volver, pero no tenía garantías de encontrar trabajo en Bolivia”, añade Edgar. “Mientras estuve sin trabajo cobraba del paro e ingresaba más de lo que seguro ganaría en mi país. Volver sería un paso atrás”, señala.

El Ministerio de Trabajo pondrá en funcionamiento el plan de retorno voluntario para extranjeros desempleados en las próximas semanas, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado. Los beneficiarios podrán cobrar el 40% de la prestación por desempleo en España y el 60% restante en su país de origen, siempre que haya convenios firmados con España.

“Este plan sólo servirá a aquellos inmigrantes que desde hace tiempo tienen pensado volver a su país de origen. El problema es que muchas personas tienen que pagar la hipoteca, un coche o la reforma del hogar. Llegaron y decidieron invertir en un bien que a la hora de volver a casa podría ser vendido para recuperar el dinero, pero ahora son cargas”, señala Hernán Constante, de la asociación de latinoamericanos Rumiñahui.

El Gobierno rumano anunció hace meses una campaña para incentivar la vuelta de inmigrantes que salieron del país para huir de la miseria, consistente en ofrecer contratos en origen. Todavía no se ha puesto en marcha, y los nuevos vecinos del Este sospechan que no será beneficioso ante la diferencia salarial entre España y Rumanía. “La diferencia es muy grande. Allí es muy difícil que superen los mil euros. Incluso tenemos casos de gente que volvió voluntariamente y que percibe alrededor de 300, cuando lo que le prometieron al empezar a trabajar eran 700”, dice Placintar. “Es necesario que se impliquen las empresas”, concluye. “Nosotros pedimos que vinieran aquí para que los contratos se firmaran en España. Y ninguna ha venido todavía”, sentencia la presidenta de AIPE.