VALENCIA. En aproximadamente un mes, Las Cortes Valencianas darán definitivamente luz verde a la Ley de Integración de Inmigrantes, cuyo anteproyecto de ley fue presentado esta semana en la Cámara valenciana. Con ello, la Comunidad Valenciana se convertirá en la primera región española en impulsar una iniciativa legislativa para favorecer la integración de los inmigrantes en plano de igualdad con los nacionales.
La norma, que cuenta con el respaldo de un centenar de entidades cívicas y de órganos como el Consell Jurídic Consultiu o el Consejo Económico y Social, sigue la línea marcada por la Unión Europea y por las democracias europeas más avanzadas en políticas de integración. Además, está en plena sintonía jurídica con el ordenamiento de la Unión, que establece como imprescindible, entre otras cuestiones, el conocimiento básico del idioma, la historia y el respeto a los valores y las instituciones.
Según el Colegio de Abogados de Valencia, el texto cubre el vacío existente en la Ley de extranjería en lo relativo a la integración social de los inmigrantes con el «conocimiento y el respeto mutuo» como puntos de partida de un proyecto «abierto y transversal».
Integración recíproca
El objetivo de la iniciativa es favorecer la integración «recíproca» de los inmigrantes y combatir la discriminación, el racismo y la xenofobia. Entre otras cuestiones, garantiza a todos los nuevos valencianos una «asistencia digna» a través de la tarjeta sanitaria y asegura la formación y escolarización de los menores, quienes tienen la posibilidad de optar al sistema público de becas «en las mismas condiciones que los españoles».
El Gobierno valenciano destaca el carácter «absolutamente voluntario» del programa de comprensión de la sociedad valenciana al que se podrán acoger los inmigrantes que lo deseen para obtener «un certificado acreditativo que podrán hacer valer en sus relaciones sociales y jurídicas». Todo ello, con el «pleno respeto» a la cultura de los recién llegados y el compromiso de «fomentar las condiciones adecuadas» para que la puedan mantener.
El programa, que aparecerá en una publicación específica y que está dirigido a extranjeros no comunitarios (unas 365.000 personas en la Comunidad), constará de tres módulos y tendrá una duración de cuarenta horas. En él se impartirán conocimientos de idiomas,leyes y costumbres, además de nociones sobre derechos y deberes como trabajadores.