Juristas y colectivos sociales piden que se cambie el Código Penal para que no sean encerrados Los cazan como a conejos en mitad de la calle con su manta pespunteada de Hollywood, y no hay pecado más grande ni más grave agravio. Un vendedor ambulante tiene más condena en España que una persona que robe 15 CD en un centro comercial, venda hachís a pequeña escala o conduzca borracho.

Según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en las prisiones ya hay 51 personas presas por delitos contra la propiedad intelectual, la inmensa mayoría de ellos subsaharianos manteros. Mor, el chico de la imagen, podría haber sido el número 52.

Actualmente, el artículo 270 del Código Penal recoge condenas de entre seis meses y dos años de cárcel y multas severas para quienes reproduzcan, plagien o distribuyan cualquier tipo de obra sin permiso.

La modificación que esta semana ha planteado un grupo de juristas ante altas instancias jurídicas y administrativas consiste en varias alternativas técnicas que eviten el ingreso en prisión: 1) sanción administrativa, 2) transformar el delito actual en falta si la cuantía de lo requisado es inferior a 400 euros, y 3) que sólo haya penas de multa.

«Los días de juicios rápidos siempre suelo tener uno o dos casos de manteros. Y como juez de instrucción me cuesta mucho ir contra alguien que está haciendo un acto de subsistencia, lo más antiguo de la humanidad: ofrecer algo para sobrevivir», señala el juez Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, para quien «esta reforma es posible».

Más contundente es aún el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid. «Los delitos rimbombantemente llamados contra la propiedad intelectual se aplican casi siempre a pobres vendedores ambulantes cuyos clientes son gente modesta, con lo que estamos ante una manifestación de tipo penal que criminaliza la pobreza».

«Se pueden proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual de otra manera», añade Sáez Valcárcel. «La evidencia de que el sistema no funciona es que los propios perjudicados no se personan en las causas porque les consta que el acusado es pobre y de ahí nada va a sacar».

Ana Belén Moratilla es abogada del mantero Mor Ndiaye en un asunto anterior al que hace poco (léase texto adjunto) movilizó su indulto. En aquel caso logró un auto de sobreseimiento, actualmente recurrido. «No tiene sentido tratar de igual manera y con la misma pena a todos los que intervienen en el pirateo», señala. «Hay juzgados que están más sensibilizados que otros con el chaval que viene en la patera a vender CD y dictan resoluciones de archivo. En cualquier caso, de nada sirve, porque la Fiscalía recurre siempre y el proceso continúa».

Para Helena Echeverri, letrada en ejercicio, «el mantero es el último eslabón de la cadena y su actividad se debería despenalizar». Habla de la hipocresía que le han descrito sus clientes: en los juzgados, jueces, fiscales y abogados compran música pirata a sus subsaharianos imputados.

Para el magistrado Miguel Angel Encinar, «urge reformar» el Código Penal. «Vender una copia en un top manta es hoy más grave que robar la película original, sustraer un coche o conducir borracho. Insólito».