Veinte años después del primer naufragio de una patera con víctimas, inmigrantes irregulares siguen muriendo, a una media anual de casi mil, al intentar llegar a España

Veinte años después del primer naufragio de una patera con víctimas, inmigrantes irregulares siguen muriendo, a una media anual de casi mil, al intentar llegar a España

No todo era surf en las playas de Tarifa. A partir del 1 de noviembre de 1988, en los arenales de la localidad gaditana empezaron a mezclarse los jóvenes que destilaban bienestar cabalgando sobre las olas con otros que pagaban con sus vidas su éxodo a la búsqueda de un futuro que se les negaba. Ese día, la marea arrastró hasta la playa tarifeña de Los Lances diez cadáveres. De otros nueve nunca más se supo. Sobrevivieron para contarlo cuatro marroquíes que habían partido la medianoche anterior de Tánger, a solo 14 kilómetros de la costa andaluza. Fueron las primeras víctimas mortales de las pateras.

Entonces sacudieron la conciencia de los españoles, que aún tenían viva en la memoria sus años de emigración. Hoy, veinte años después, acostumbrados ya a la opulencia, parece que nos hemos acostumbrado a cohabitar con un cadáver en la puerta trasera. Aunque son cifras difíciles de precisar, se calcula que unos 18.000 inmigrantes han perecido en la ruta de la muerte que va de las costas africanas a las españolas.

Una sangría que no ha cesado (los últimos, tres, el pasado miércoles) pero a la que hemos terminado por acostumbrarnos y que ha dejado de ocupar un lugar preferente en los medios. Un informe de Caixa Catalunya calculó que, entre 1995 y el 2005, los inmigrantes habían impulsado en 3,2 puntos el crecimiento anual del PIB per cápita, que de no haber sido por ellos habría caído un 0,6% cada año. Los inmigrantes han estado aportando anualmente a la Seguridad Social 5.000 millones más de lo que recibían de ella.

Se jugaban la vida, que ya habían hipotecado antes de embarcase, y ponían la mano de obra, en muchos casos en unas miserables condiciones laborales. A cambio, las autoridades españolas se limitaron a tratar de blindar las costas con la instalación del sistema de vigilancia SIVE y a, según opinión unánime de las oenegés que corroboraron algunos tribunales, criminalizar la inmigración ilegal con la Ley de Extranjería, en vigor desde el 1 de febrero del 2000, y sus posteriores reformas para facilitar los trámites de expulsión y limitar los derechos de los sin papeles. Así, desde el año 2000 son más de 620.000 los extranjeros que han sido devueltos a sus países de origen, según datos del Ministerio del Interior.

Una cifra similar (570.000) de inmigrantes consiguieron regularizar su situación tras la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno. Y se estima que unos 300.000 han logrado traspasar las barreras y permanecen en España sin papeles. Números que dan una idea de la magnitud del fenómeno, que no del dolor de la muerte.

En veinte años, las cosas han cambiado poco. Solo las rutas. El Gobierno español consiguió finalmente la complicidad del marroquí tras la crisis del asalto a las vallas de Ceuta y Melilla, que causó una veintena de muertos en el otoño de 2005. Desde entonces, los cayucos sustituyeron a las pateras, las costas mauritanas e incluso senegalesas a las marroquíes, y las Canarias se convirtieron en puerto de arribada. Menos para los casi 3.000 que no llegaron a ver las islas afortunadas.