E. SIERRA – Barcelona

Los centros tienen ‘habitaciones seguras’ que los menores llaman calabozos
Menores inmigrantes no acompañados (Menas) contactados por este diario explican que la mayoría de sus compañeros de aventuras no quieren volver con sus familias porque lo que les ha movido a llegar hasta aquí es la voluntad de prosperar en la vida e intentar ayudar a sus padres. Por eso, no quieren ni oír hablar de repatriaciones y de ahí que opten por la fuga cuando la tramitación se pone fea. No obstante, si después de la huida se les ocurre volver a Catalunya y son reingresados en el mismo centro de acogida, el recibimiento es poco cordial. “Nos meten una bronca y nos encierran tres días en el calabozo”, cuenta uno de los menores fugado de un centro de acogida catalán y que volvió hace poco.

¿Calabozo? La consellera Capdevila niega rotundamente que existan calabozos y aclara que en los centros hay las llamadas “habitaciones seguras con medidas de contención puntual para evitar que los menores que se muestran violentos puedan hacerse daño o golpear a terceros”. Los menores la describen como una lugar con una colchoneta en el suelo y sin ventanas.

La conselleria de Acció Social niega que existan presiones para que los menores huyan y menos aún que se amenace con la repatriación. Como prueba de ello, recuerdan que ninguno de los 43 menores acogidos en Catalunya que se han propuesto repatriar han sido devueltos desde 2007 hasta ahora.

Una de las causas del frenazo a las repatriaciones se encuentra en que últimamente los jueces las han empezado a denegar tras detectar irregularidades en los expedientes porque han sido promovidos contra la voluntad del menor. En los últimos meses, 19 jueces en España han anulado expedientes e incluso han obligado a bajar a menores del avión que los devolvía a casa, por una deficiente tramitación. Otro motivo que evita la repatriación son las fugas de los menores. También sucede que la tramitación se alarga tanto que el menor cumple 18 años y deja de tener la protección.

Sin embargo, la organización Human Rights Watch ha elaborado un informe en el que se denuncia “el empeño de España por repatriar a los menores extranjeros no acompañados, sin garantías y eso los pone en peligro”. Sólo Andalucía pretende repatriar a 1.000 menores a Marruecos, afirma esa ONG, y pide que se proporcione a esos niños asistencia de un abogado que vele por sus derechos.

También desde el Síndic de Greuges se ha criticado esta práctica. Desde la conselleria de Acció Social, se asegura que los menores acogidos en Catalunya reciben todas las garantías de protección, pero consideran que la prioridad es intentar que los niños vuelvan con sus familias. Este objetivo no es compartido en la mayoría de casos de menores acogidos y eso los empuja a huir cuando sienten la amenaza de la repatriación.

Justamente al fugarse e intentar sobrevivir es cuando asumen el riesgo más alto de caer en las garras de las mafias de prostitución y de droga, que son las que más se benefician de los menores, según se constató en unas recientes jornadas organizadas en Barcelona por la ONG Save the Children.

El proceso de tramitación para determinar la identidad del menor es lento y complicado. Los menores pueden pasar meses y hasta más de un año, con el papeleo. Entre otras razones, porque la burocracia marroquí es todavía más enrevesada. Los niños, una vez indican quienes son y se puede contactar con sus padres, se les solicita el documento de identidad de los padres, el libro de familia, el empadronamiento con una foto actual, la partida de nacimiento y, si procede, una carta de consentimiento de que la Generalitat asuma la tutela. Todo ello, compulsado y sellado, y enviado por fax.

Las familias tienen mucha dificultad para conseguir toda esa documentación y el proceso se alarga mucho. Los menores, mientras tanto, esperan en los centros o bien optan por la fuga, hartos de la situación.

La consellera de Acció Social, Carme Capdevila, explica que aunque en su país pueda ser culturalmente normal que un menor “se busque la vida, aquí no podemos aceptarlo. Por ley, aquí son menores y deben entender que si tienen menos de 16 años no pueden trabajar y, o bien han de ser escolarizados, o bien volver con sus padres”. Por eso, la consellera sostiene que lo mejor para ellos es que vuelvan a su entorno familiar. En eso trabaja el programa Catalunya-Magreb que tiene en Tánger, principal ciudad emisora de menores inmigrantes , un centro de mediación con las familias para evitar esas migraciones. “Si las familias piden que los menores sigan en Catalunya, se sigue trabajando con ellas para hacerles cambiar de opinión”, cuenta Capdevila. Allí se dispone de pisos de acogida, además de 65 matriculados en cursos de formación, y existen educadores que recorren el puerto de Tánger para evitar que los menores se infiltren en camiones, autobuses o barcos.

Una vez llegan aquí, su primer lugar de acogida es el centro Alcor, situado en una antigua nave industrial del Poblenou. En ese lugar, pasan la noche unos cincuenta jóvenes, su capacidad máxima, y todas las mañanas, un autobús los pasa a recoger y los traslada al centro Mas Pins, en pleno parque de Collserola donde pasan el día realizando todo tipo de actividades. A las ocho de la tarde, los retornan al Poblenou. Este es el único centro de primera acogida nocturna en funcionamiento tras el cierre por reformas de otro que tenía la Cruz Roja en la Plaça Espanya y que volverá a abrir el mes que viene. Los fines de semana, los mayores de 15 años pueden salir de paseo solos, mientras que los menores de esa edad deben ir acompañados de monitores.