Los agentes de policía de todo el Reino Unido estarán dotados próximamente de un nuevo sistema para tomar las huellas dactilares de los ciudadanos en la calle y lugares públicos. Los escáneres, que entrarán en funcionamiento en 18 meses, tienen el tamaño de un teléfono móvil y estarán conectados a la base central de datos de la policía. El sistema permitirá conocer casi inmediatamente la identidad del sospechoso.
La nueva arma de control podría ser utilizada en grandes eventos públicos, como conciertos, manifestaciones, festivales o acontecimientos deportivos. Otro uso podría ser la identificación de presuntos inmigrantes irregulares en las fronteras o de automovilistas, que en el 60% de los casos ofrecen datos falsos a la policía cuando les da el alto.
Los defensores del dispositivo, que forma parte del llamado Proyecto Midas (Identificación Móvil en el Lugar, según las siglas en inglés), sostienen que de este modo se evitarán errores y se simplificará el trabajo de la policía. Los agentes deben ahora llevar a cada sospechoso a la comisaría, invirtiendo más de una hora en la comprobación.
El escáner de bolsillo permitirá conocer la identidad de cualquier persona en el archivo policial, donde hay fichados 7,5 millones de ciudadanos, en un tiempo récord de entre 2 y 5 minutos. Para el responsable de tecnología del Midas, Geoff Whitaker, estos dispositivos tienen grandes ventajas. “Uno de los beneficios es que habrá menos errores y podemos recortar el número de detenciones de manera significativa”, recalca Whitaker.

EL MIEDO LATENTE Sin embargo, los grupos que velan por los derechos civiles en el Reino Unido temen que la nueva tecnología sirva para extender la vigilancia indiscriminada. “Los agentes tienen que asegurarse de que solo toman huellas dactilares cuando creen que un individuo es sospechoso de un delito y no pueden establecer su identidad”, ha señalado a The Guardian, Gareth Crossman, directiva de la organización Liberty.
Los defensores de los derechos ciudadanos también exigen que la policía, tal y como establece la ley, borre definitivamente las huellas tomadas y no las almacene. El coste del proyecto, asciende a casi 40 millones de libras, unos 50 millones de euros.