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N las últimas fechas algunos pronunciamientos de responsables políticos y analistas vienen a coincidir en la necesidad de destacar la importancia de la población inmigrante en la creación de riqueza y, a través de su renta de trabajo, en el mantenimiento de las pensiones de las próximas generaciones. Estas llamadas de atención no son nada casuales; en tiempos de crisis resulta recurrente personalizar en la población extranjera la frustración generada por una mala perspectiva laboral e incluso puede darse el caso de que se atribuya a ella la imposibilidad de encontrar un empleo. El sentido utilitarista que se da a los movimientos migratorios, aceptados en tiempos de bonanza y criticados en tiempos de crisis, tiene mucho que ver con las llamadas de atención que en los últimos días se han escuchado. El lehendakari Ibarretxe
advertía hace unos días de que aún hará falta más mano de obra extranjera en Euskadi para seguir garantizando el actual nivel de desarrollo y el responsable de esta área, Javier Madrazo , ha lanzado una campaña de sensibilización para recordar que “gracias a la inmigración, nuestro país avanza” tratando de contrarrestar así cierta imagen negativa y amenazante que rodea esta nueva realidad que, a pesar de su complejidad, no hay duda de que ha venido para quedarse. Un dato refleja bien a las claras la distancia que existe entre los prejuicios que siguen circulando sobre la población extranjera inmigrante y la realidad: sólo el 8% de la población inmigrante recibe la renta básica y en Gipuzkoa, son extranjeros sólo el 13% de quienes cobran este salario social . La pasada semana fueron datos oficiales del propio Ministerio de Trabajo los que aseguraban que las pensiones estaban garantizadas hasta 2029 gracias a la incorporación de trabajadoras y trabajadores extranjeros cuya aportación ha hecho retrasar entre seis y ocho años el horizonte del déficit de la Seguridad Social. La lectura de estos datos por parte de los responsables de este Ministerio fue positiva por cuanto se ponía en valor la aportación de la población inmigrante en el desarrollo económico, social y cultural, afirmaciones que suponen una evidente contradicción con la posición mantenida por el PSOE al apoyar la que se ha venido a denominar “directiva de la vergüenza”, el blindaje que por amplia mayoría aprobaron los 27 países de la UE para frenar la llegada de personas que buscan empleo en la rica Europa.