Un inmigrante marroquí, Said B., de 31 años, ha presentado una denuncia contra un supuesto empresario bilbaíno de la construcción al que acusa de haberle estafado 6.000 euros con un falso contrato de trabajo para un cuñado suyo. Según refleja la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, presentada ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao, el denunciante contactó con el presunto estafador, identificado como R.J.G.G., el pasado mes de mayo. El supuesto empleador le pidió 6.000 euros por realizar los trámites para que su familiar pudiera venir a España a trabajar «con los papeles en regla», según se indica en el acta de la denuncia.

Said le entregó el dinero, pero su cuñado no ha podido cumplir con el propósito al carecer de una oferta de trabajo real; «no figuraba el número del INEM», explica el afectado. «Me engañaron porque no sé leer bien el castellano», se queja. Desde entonces, el estafador le fue dando largas: «mañana, mañana», le repetía cuando Said le preguntaba por el contrato o por el dinero. Hasta que al fin terminó espetándole: «vete a la Policía, el dinero lo tendrás que coger en el juzgado».

«Experiencia en túneles»

El otro socio de la empresa de construcción tampoco respondía a su reclamación y le derivaba siempre al primero. El denunciante dispone del documento de oferta de empleo, con el sello del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y la firma del empresario en la que se especifica que el profesional que se requería era para un puesto de «’yumpista’, con experiencia en túneles» y que el candidato – el cuñado de Said – tiene experiencia «en máquinas» y ha ejercido en Marruecos como «oficial 1º o 2º». El escrito aporta otros detalles. Indica que se trata de un contrato por obra que se desarrollará en Bilbao durante 15 meses, de «40 horas semanales» y por un sueldo de 2.000 euros al mes.

También ha presentado el escrito en el que el denunciado declara haber recibido la cantidad de 6.000 euros de manos de Said, con su firma. El inmigrante asegura que, en realidad, la oferta era para cuatro personas y que le entregó al empresario un total de 12.000 euros, aunque no puede demostrarlo.

No es la primera vez que un inmigrante denuncia hechos similares en Vizcaya. Recientemente, la Audiencia provincial condenó a dos años de cárcel a una abogada bilbaína que cobraba 800 euros por cabeza a los afectados con el señuelo de que regularizaba a ‘ilegales’.