El proyecto de ley de integración de los inmigrantes en la Comunitat Valenciana está en fase avanzada de gestación. La flamante Conselleria de Inmigración y Ciudadanía se impuso el objetivo, y a fe que lo ha cumplido en un breve plazo. Lo de verdad interesante, sin embargo, es cómo lo ha hecho: intentando y consiguiendo un elevado nivel de consenso en la ciudadanía y, muy especialmente, entre los propios interesados.

Se convocó para ello a todo el mundo asociativo en que los inmigrantes están organizados, y se consiguió una fuerte participación, un creciente interés, y niveles de acuerdo inicial desconocidos en nuestro mundo de generación de nuevas leyes. Y como se decía en el circo cuando yo era chico, ¡más difícil todavía!: todo esto en un proyecto de ley pionero en España, el primero de esa índole en nuestras comunidades autónomas, es decir, sin precedentes de idéntica factura de donde copietear. Se convocó también a personalidades del mundo de la universidad y de la sociedad civil valenciana conocedoras del tema en profundidad.

En resumen, nos encontramos con una esperanza cierta, no sólo con una cierta esperanza, en cuanto a los procesos de integración de los inmigrantes en nuestra comunidad autónoma en particular, y también en España entera. Se confirmará si el proyecto de ley es mejorado en el trámite parlamentario, aprobado y promulgado en el Diario Oficial, y otras comunidades, como es de prever, lo toman como precedente y encuentran ahí su inspiración.

La primera razón para que podamos hablar de una esperanza cierta es el hecho de que la propia exposición de motivos de la ley es profundamente abierta. Dice que esta tiene como fin establecer las bases fundamentales de un modelo que posibilite la efectiva integración social de las personas inmigrantes que se encuentran en la Comunitat Valenciana. Es decir, el legislador, sabedor de que del Gobierno autonómico depende la integración de los que aquí están, no así el establecimiento de su situación administrativa, que es materia no transferida, anuncia que pretende integrar a todos los que están, porque aunque sabe que debe cumplir la normativa española de aplicación general, y someterse a las calificaciones administrativas que dictamine esa normativa, está abierto a la integración de todos, y deja abierta la puerta a todo tipo de avances que se pueda lograr en cuanto al reconocimiento de los derechos de los ciudadanos que lo son de hecho, aunque no esté nada claro hoy que lo puedan ser hoy de derecho. Así, añade: ciertamente la extranjería es una competencia del Estado, pero una vez que los inmigrantes entran en España se originan necesidades que deben ser atendidas, con independencia de la situación en que se encuentren.

Digo también que es una esperanza cierta porque ya en su redacción actual, que aún puede mejorarse, es una ley pegada al terreno, adaptada a la realidad, nada lejana a los ciudadanos. Basa el diseño y establecimiento de las políticas públicas en la tutela efectiva de derechos, y entre ellos, como pilares, el derecho a asistencia sanitaria, el derecho a la educación, y el derecho al empleo y a la formación básica para conseguirlo. Para todos ellos realiza un desarrollo pormenorizado de tipos de medidas concretas en una larga serie de artículos.

Trata también de poner patas al ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, y además trata del apoyo a los colectivos en situación de riesgo, como todo tipo de personas no vertebrados en una estructura familiar, especialmente menores, jóvenes y mujeres con dificultades en materia de igualdad social, a cuyas medidas de tutela dedica varios artículos de la ley.

Nuevos motivos para afirmar que nos hallamos ante una esperanza cierta: se crean Planes de Integración de los Inmigrantes consistentes en un conjunto de medidas concretas de diversa índole, todas ellas nuevamente pegadas al terreno, a las necesidades de la gente, a las dificultades que se oponen a la integración, desde una concepción intercultural, buscadoras del encuentro, del establecimiento de lazos entre las personas y entre las familias de distintos orígenes. Y todo ello con el conocimiento de nuestras dos lenguas oficiales como instrumento también de armonía e integración, no ya de imposición, o incluso de segregación.

La ley se ocupa de la acogida y los servicios que comprende. La acogida es una realidad básica a apoyar desde las Administraciones públicas. Como ha demostrado García Neumann, J., en sus escritos sobre globalización y solidaridad, en el seno de Justicia y Paz, las redes de acogida nacen espontáneamente entre los inmigrantes, pero deben ser apoyadas e incluso desarrolladas subsidiariamente por las Administraciones públicas.

No sólo se atiende al desarrollo e integración de los inmigrantes aquí, ahora, sino también al efecto de su presencia entre nosotros en sus comunidades de origen, lo que se plasma en medidas de apoyo a las remesas de fondos que envían a los suyos, a la reagrupación familiar, al retorno voluntario, y al codesarrollo que pueda inducirse en sus comunidades de origen.

Reitero, pues, que este proyecto de ley es una esperanza cierta. Y por cierto, dentro de esta ley tan participada, tan cercana a las necesidades reales de las personas, el famoso compromiso mutuo que también incluye es perfectamente armónico, yo diría que incluso libertario.

Que la gestación no acabe en aborto dependerá de que la oposición sea capaz de plantear enmiendas de mejora, y no convierta el debate de la ley y sus artículos en un nuevo “pim, pam, pum”, y que los diputados de la mayoría sean capaces de aceptar las enmiendas que a su entender sincero puedan constituir realmente una mejora, y en aras del bienestar de la ciudadanía, no contribuyan al “pim, pam, pum”.

Que la ley crezca sana dependerá de que el conjunto reglamentario que la desarrolle se haga desde el mismo espíritu integrador con que se ha diseñado el proyecto, de que no se demore, y de que la tan discutida como evidente crisis de la economía real no merme hasta tal punto los presupuestos que no se disponga finalmente de fondos para poner en marcha las medidas, como parece está aconteciendo con el desarrollo de la ley de dependencia.

Y algo muy importante: que se camine hacia una estructura burocrática mínima, de eficiencia y eficacia máxima. Lo contrario nos llevaría a sentirnos defraudados, lo que es el mayor de los peligros que uno vive cuando concibe una esperanza cierta, o incluso aunque se trate sólo de una cierta esperanza, y se encuentra con que la realidad no está a la altura de los conceptos o de las intenciones primeras.