El Plan de Acción Contra la Trata, del Gobierno, al parecer va a tener cuatro objetivos: sensibilizar, establecer políticas de cooperación con otros países, garantizar la seguridad de las mujeres para que denuncien y elaborar una política integral. Estamos, sin duda, ante un Plan de «mínimos», que no se ajusta a las necesidades de las víctimas. Tampoco a las realidades reconocidas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que ponen de manifiesto que el temor de la víctima a causa de las amenazas se traduce en el escaso número de denuncias presentadas, lo que, a su vez, tiene un doble y perverso efecto: que no se actúa contra el tratante y que, finalmente, la víctima queda desprotegida. No podemos seguir poniendo el acento en la denuncia de la víctima y ofrecer, como hasta ahora, la protección, seguridad y asistencia como una contraprestación por la colaboración con la justicia. Si continuamos condicionando los derechos de las víctimas a la denuncia, seguiremos primando la lucha contra la inmigración ilegal en vez de la defensa de los derechos humanos.

Por otro lado, el Gobierno guarda un absoluto silencio en materia de publicidad, y omite la recomendación del Congreso que, en 2007, instaba a los medios de comunicación a retirar la publicidad de comercio sexual y prostitución.

Tampoco anuncia ninguna modificación de la Ley de Extranjería ni establece un periodo de reflexión suficiente para las víctimas. Éste queda fijado en 30 días, cuando el Convenio del Consejo de Europa habla de «al menos 30» y las experiencias en el ámbito europeo aconsejan un tiempo mínimo de tres a seis meses.

El permiso de residencia debería concederse a las víctimas por el hecho de serlo del delito de trata y no por la denuncia. Y así sería si el ordenamiento español hubiera incorporado la Directiva 2004/81 del Consejo de la Unión Europea relacionada con la expedición de permisos de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de trata.

Siendo lo que se ha presentado un borrador, es de esperar que el Plan definitivo sea más ambicioso y aborde los retos necesarios para responder con garantía a la trata de personas en España, desde la perspectiva indiscutible de la defensa de los derechos humanos.