madrid- Hace poco más de un mes que el Pleno del Congreso instaba al Gobierno a presentar un proyecto de reforma de la Ley de Extranjería para adaptarla a la nueva realidad social, económica y normativa, esto es, para hacerla más restrictiva en este momento de crisis económica. Esto va ligado al giro del discurso del Gobierno en política de inmigración.
La crisis también ha forzado al Ejecutivo a poner en marcha una campaña para intensificar los controles en la expulsión de inmigrantes ante el aumento del número de extranjeros incapaces de normalizar su situación por carecer de contrato. La declaración de intenciones existe, pero las cifras confirman que aunque se haya corregido el discurso del «papeles para todos», España sigue siendo un buen destino para las mafias que trafican con seres humanos.
Basta con rascar en la letra pequeña que se esconde detrás de la cifra de expedientes de expulsión incoados. El Ejecutivo se parapeta precisamente en los datos sobre órdenes de expulsión para vender una imagen de firmeza en el control de la inmigración ilegal. Pero del total anual, una media del 80 por ciento de expulsiones no son jamás materializadas. Se puede culpar a la burocracia, al atasco judicial? Justificaciones hay muchas, aunque la realidad es única.
LA RAZÓN ha tenido acceso a una notificación por parte del Gobierno al Congreso de los Diputados, con cifras alarmantes.
Según los últimos datos estadísticos, que son del primer trimestre de 2008, se incoaron en esos tres meses un total de 20.127 expedientes de expulsión, por aplicación de la ley de Extranjería a aquellos inmigrantes que han incurrido en algunas de las infracciones contempladas en los artículos 53 o 54 de dicha normativa. De esa cantidad, hasta un total de 17.719 no han sido materializadas (un 88 por ciento). En 2007, los expedientes fueron de 45.714, y de ellos no se ejecutaron 36.176. En 2006, la relación es de 48.857 y 37.484 no hechos efectivos.
Justificaciones
El Gobierno justifica esta sangría de irregulares en las dificultades que imposibilitan la documentación, previa a su expulsión; en las peticiones de asilo no resueltas; en la no obtención de la autorización judicial para ejecutar la expulsión en los casos en los que el extranjero se encuentra procesado o inculpado en un procedimiento judicial; en la caducidad del procedimiento, al no resultar posible realizar la notificación; en la no obtención del plan de vuelo o en que el expediente de expulsión finaliza con sanción de multa en lugar de con sanción de expulsión. Sea por una o por otra causa, la consecuencia es que el inmigrante expulsado acaba quedándose en España.