MERIDA.- El albergue que varias cooperativas agrarias levantaron en la localidad pacense de Santa Marta para acoger a los inmigrantes rumanos que llegan en busca de trabajo en el campo quedó ayer completamente desmantelado.
La iniciativa se puso en marcha en septiembre para que no se repitieran las escenas de 2007, cuando cientos de temporeros acamparon durante meses de forma irregular en diversas poblaciones extremeñas, lo que provocó que tuviera que intervenir la policía.

Por ello, las organizaciones agrarias alquilaron casetas prefabricadas con literas, colchones, mantas, comedores, frigoríficos, aseos y duchas con agua caliente. Las administraciones locales facilitaron las conexiones a los servicios, mobiliario y la propia cesión de los terrenos. Hasta las cooperativas de la zona se responsabilizaron de la seguridad privada del albergue. En total, se gastaron 33.000 euros para cubrir un máximo de 200 plazas.

«Ha sido un fracaso», relató Mari Luz Guillén, representante de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja). Las diferencias de criterio se dieron desde el primer momento. Los inmigrantes ni tan siquiera estrenaron el albergue.

«Nosotros venimos con nuestros hijos, padres y mujeres, con la familia completa, y allí sólo había sitio para los trabajadores», lamenta uno de los rumanos que decidió optar por la solución de los últimos años: abandonar las casetas prefabricadas y acampar de forma ilegal y al aire libre.

Los temporeros también se negaron a cumplir los horarios de estancia que se les exigían: nadie podía acceder ni salir del recinto a partir de medianoche, ni consumir bebidas alcohólicas o conducir vehículos dentro del recinto.

«Pero nunca llegaron a aceptarlas, porque decían que se sentían como en una cárcel», relata uno de los guardias jurado contratados.

«Tenían que acostumbrarse a unas normas de convivencia establecida para cualquier albergue», dice Bibiano Fernández, presidente de la asociación agraria APAG, que fue uno de los colectivos que impulsó este proyecto. También se lamenta el alcalde de Santa Marta, Jorge Vázquez: «Estábamos contentos porque la medida evitaba las acampadas ilegales, pero tras esto no sabemos cuál será la solución».

La delegada del Gobierno, Carmen Pereira, aseguró que el número de inmigrantes asentados en el campo extremeño «ha disminuido sensiblemente» con respecto al pasado año, aunque reconoció que existen todavía algunos en zonas determinadas que burlan el control policial y que se siguen instalando de forma ilegal.