Si los datos sobre el número de órdenes de expulsión de inmigrantes que se llegan a ejecutar – menos del 20 por ciento al año, según ha admitido el propio Gobierno – se ligan con los adelantados en el Congreso por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, hay más razones aún para el desconcierto sobre la política migratoria del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. A pesar de que el Gobierno defienda oficialmente que se ha cerrado el grifo a los trabajadores de fuera de nuestras fronteras porque las necesidades han cambiado debido a la crisis económica, la realidad es que sigue dando «papeles» a los extranjeros que vienen a vivir a nuestro país.

Más de medio millar de inmigrantes han obtenido la tarjeta de residencia en España durante los nueve primeros meses de 2008. De confirmarse esa tendencia de regularización, que acabaría con cerca de 700.000 nuevos ciudadanos con papeles que les acreditan para vivir en España, estaríamos en el tercer año, después de 2005 y 2007, en el que un mayor número de personas han conseguido la tarjeta de residencia.


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