El Estado se compromete a asumir el déficit si se llega a agotar el Fondo de Reserva

madrid. La Seguridad Social tendrá equilibrio presupuestario hasta 2029 a pesar de la crisis económica, aunque a partir de 2023 será necesario hacer uso del Fondo de Reserva para hacer frente al pago de las pensiones, si no se llevan a cabo antes reformas en el sistema.

Esta una de las principales conclusiones del informe trianual sobre Estrategia Nacional de Pensiones 2008 presentado ayer por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho,

En este tercer informe – los anteriores se presentaron en 2002 y 2005 – se retrasa en ocho años el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social provocado por el envejecimiento de la población respecto al último informe. La mejora ha sido posible gracias, entre otros factores, a la aportación de los inmigrantes.

Con respecto a un posible agotamiento del Fondo de Reserva – conocido como hucha de las pensiones – , frente a la previsión de 2005, que lo situaba en 2018, ahora la hipótesis “más desfavorable” alarga el plazo hasta 2029 y, en caso de que se agote, el déficit lo asumirá el Estado.

En este sentido precisó que la proyección se hace para acometer las reformas necesarias que eviten llegar a ese año con problemas.

En 2005 se fijó el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social hasta 2015, fecha que ahora se amplía hasta 2029 debido al crecimiento económico y del empleo registrado en los últimos años, a la incorporación de trabajadores extranjeros y a las reformas llevadas a cabo en la Seguridad Social.

Hasta 2023 el sistema tendrá superávit y el Fondo alcanzará ese año una cifra en torno al 6,5% del PIB.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, explicó que la evolución de la Seguridad Social ha sido muy positiva desde la creación del Pacto de Toledo y que todos los indicadores han mejorado, por lo que las previsiones son mejores y atrasan entre seis y ocho años el momento en que los gastos puedan superar a los ingresos.

No obstante, advirtió de que “no podemos dormirnos en los laureles”, pues los nuevos afiliados de hoy, serán los nuevos pensionistas en el futuro, añadió. Subrayó que la crisis no resta valor a esta proyección “que no es una previsión” y se hace para advertir que es necesario modificar algunos aspectos para mantener la salud del sistema.

En relación con el aumento del empleo más allá de 2010, las hipótesis actuales son mayores de las que había en 2005 y en cuanto al gasto en pensiones se mantendrán estables hasta 2020, en cuantías que se sitúan en torno del 8,5% del PIB.

Según el informe, el efecto del proceso de envejecimiento se manifestaría a partir de 2030. >efe

bilbao. El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social aseguró ayer que en Euskadi “no habrá ni una sola pensión inferior al SMI [Salario Mínimo Interprofesional, 600 euros al mes este año]” y acusó al Estado de “no hacer ni dejar hacer”. Además, negó que el Ejecutivo vasco se “entrometa” en el ámbito de la Seguridad Social, porque su iniciativa se enmarca en el área de Asistencia Social, competencia del Gobierno vasco, “que vamos a seguir utilizando”.

Azkarraga participó ayer en un desayuno organizado por el Fórum Europa en Bilbao. El consejero aprovechó la cita para asegurar que el gasto social supera el 72% de los presupuestos vascos y recordó la aprobación “con carácter pionero” de una Ley de Complemento de Pensiones “que protege la dignidad de nuestros mayores”. La norma, según explicó, beneficiará a 20.000 ciudadanos con pensiones “por debajo del umbral de la pobreza y, por tanto, en claro riesgo de exclusión”.

El dirigente de EA aludió al compromiso de su Departamento de garantizar el SMI a “quienes, tras muchos años de esfuerzo en la vida se encuentran en situación muy vulnerable”. “Como tantas otras veces, el Estado no hace ni deja hacer. No incrementan ellos las pensiones tantas veces prometidas e intentan que no lo hagamos los demás”, criticó.