Admite que de los 156.111 procedimientos incoados desde 2005 no ha ejecutado 121.790 – Explica que es un proceso «muy complicado» El Gobierno tiene problemas para expulsar a los inmigrantes que viven en España en situación irregular. En los últimos tres años apenas el 28% de los detenidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado ha sido enviado de vuelta a su país de origen.

La falta de medios humanos y materiales, unos plazos limitados y la lentitud de las administraciones son algunas de las razones que explican que dos de cada tres sin papeles a los que, en aplicación de la Ley de Extranjería, se pretendía repatriar se encuentren ahora en una especie de limbo policial: han sido puestos en libertad, pero no pueden regularizar su estancia en nuestro país.

En reciente respuesta a una pregunta parlamentaria, el propio Ministerio de la Presidencia reconoce que, desde principios de 2005 hasta el pasado mes de marzo, hay 121.790 expulsiones «no materializadas». Dicho de otro modo: de los 156.111 expedientes tramitados a lo largo de este periodo, sólo 34.321 se han podido llevar hasta el final.

A juzgar por los datos, el asunto se ha complicado más últimamente: en 2005 fueron incoados 41.413 expedientes y se ejecutaron 11.002; en 2006 se iniciaron 48.857 procedimientos y se terminaron 11.373, y en 2007 fueron 45.714 los procesos abiertos y 9.538 los que finalmente se lograron finiquitar.

Las cifras correspondientes al primer trimestre de 2008 señalan que se ha abierto ficha policial a 20.127 sin papeles, pero que en ese periodo sólo se ha conseguido que 2.408 regresen a casa. Es decir, un total de 17.719 se han librado de ser repatriados a través de expedientes administrativos derivados de una estancia ilegal en España.

En la misma respuesta parlamentaria, el Gobierno enumera las causas que «pueden impedir» la ejecución de un expediente: algunas, como que el inmigrante no tenga pasaporte y ningún país lo reconozca como compatriota, o que caduque el procedimiento por imposibilidad de realizar la notificación, o que no se obtenga el plan de vuelo adecuado, son bastante habituales. Pero otras, como que los inmigrantes pidan asilo para paralizar el proceso o que el juez no autorice la expulsión, son menos frecuentes, según fuentes jurídicas.

Fuentes del Ministerio del Interior, que es el Departamento que se encarga de esta cuestión, reconocen que expulsar a un sin papeles «es un proceso muy complicado». Explican, por un lado, que algunos países no colaboran demasiado a la hora de aceptar a sus compatriotas. Por otro, está la cuestión de los plazos. El expediente de expulsión caduca a los seis meses y, si durante ese periodo no se resuelve, la Policía está obligada a dejar al inmigrante en libertad.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya denunció en febrero reiteradas «tardanzas» por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid para autorizar las órdenes de expulsión. «Se incoa el expediente pero luego no da tiempo a resolverlo. Faltan recursos materiales y humanos, pero es que además la Administración va muy lenta. ¿Por qué la Delegación tarda más de 75 días en firmar un papel que nosotros le entregamos en horas?», se queja Begoña Romero, portavoz de este sindicato.

«Es muy complicado identificar a los sin papeles con el poco tiempo que disponemos y muchos se nos van de las manos», admite también Lorenzo Nebrera, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), recordando que, de los famosos 101 inmigrantes que Gambia rechazó el pasado mes de septiembre, 26 tuvieron que ser puestos en libertad porque expiraron los plazos. Después de muchos esfuerzos, Interior ha logrado enviar a casa a 75, pero los demás fueron puestos en libertad por los policías en las calles de Madrid.

El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha anunciado su intención de modificar los plazos que los sin papeles pueden estar retenidos mientras se tramita su expulsión.

Esta no es la solución, a juicio del PP. «Ampliar de 40 a 60 días el tiempo máximo de estancia en los centros de internamiento no va a resolver el problema. Lo que ocurre es que no hay una verdadera voluntad de cumplir la ley por parte del Gobierno», sostiene el portavoz de Inmigración de los populares, Rafael Hernando.