J. M. C.

CÓRDOBA. En torno a un 40 por ciento de la gente que busca un empleo en el campo cordobés procede directamente del sector en crisis de la construcción, según estimó ayer el responsable de Agroalimentación de CC.OO., Rafael Estévez.

El cálculo procede de una actividad que está llevando a cabo este sindicato consistente en actuar de intermediario entre el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la patronal agraria Asaja para poner en común ofertas y demandas de trabajo.

«Llevamos algo más de 500 personas apuntadas en una semana en esa lista y en torno a 200 son de la construcción», explicó Estévez, quien, sin embargo, dejó claro que no se trata de una proporción excesivamente fiable, puesto que «controlamos los que vienen directamente a hablar con nosotros en la capital, pero hay muchos más que se mueven en la provincia».

Además, hay otro 12 por ciento de extranjeros que residen en Córdoba y que ahora están sin trabajo, mientras que el resto son ya habituales del sector, abundó.

En cualquier caso, Estévez advirtió de que toda esta mezcla de demandantes incrementados «supondrá un problema que venimos advirtiendo desde hace tiempo», ya que «se está jugando sin control con el contingente de extranjeros, cuando hay personal suficiente en la provincia».

Con él coincidió María Trujillo, responsable en Córdoba de la FTA – UGT, al recordar que «este año es la primera vez que no se cubre toda la oferta a nivel de extranjeros en la provincia y estamos pendientes de cubrir hasta 400 de esas ofertas con personal registrado en el REASS de Córdoba».

También señaló que la vendimia cordobesa se cubrió con personal de Córdoba y que «hay muchos que se han ido a vendimiar a Francia», mientras que se están produciendo colas para encontrar empleo en las fincas cordobesas ya para el verdeo. Según Trujillo, tener a un contingente de 5.000 personas, más la gente derivada de la construcción, los inmigrantes que ya circulan por la zona durante todo el año, más la gente autóctona «supondrá un polvorín y es un foco de conflicto». A eso hay que añadir que en enero de 2009, los rumanos y los búlgaros «tendrán pleno derechos», lo que significa que «todo aquel que se quede aquí con un permiso de trabajo adquirirá los mismos derechos que un español y eso generará follones».

Según Estévez, la solución sería realizar estudios cada seis meses a nivel comarcal sobre necesidades reales de empleo.