Los quince detenidos el lunes en la redada contra la prostitución en el casco antiguo, entre los que se encontraban prostitutas y clientes indocumentados, así como presuntos proxenetas de origen rumano, marroquí y español, pasaron ayer a disposición judicial. No todos pudieron declarar ante el juez de guardia y anoche durmieron en los calabozos del Palacio de Justicia, donde hoy continuarán los interrogatorios.

Agentes de la Policía Nacional desplegaron el lunes por la tarde un importante dispositivo en las calles San Fernando, San Cristóbal la Larga, San Vicente y Las Beatas. Las cercaron con varios vehículos, y en pocos minutos detuvieron a quince personas. Estas calles habían sido tomadas en los últimos meses por decenas de prostitutas que ofrecen sus servicios sexuales en pisos y en portales de los edificios. Antes fueron expulsadas de la plaza de San Francisco tras otra redada en la que fueron detenidas doce personas.

Según fuentes policiales, con los testimonios de los quince detenidos intentan obtener información para que el juez impute a los miembros de los clanes que controlan el negocio de la prostitución en el casco antiguo.

Aunque cobrar por realizar servicios sexuales no es ilícito, hay indicios de que algunas mujeres trabajan en contra de su voluntad. Son forzadas para ejercer la prostitución por proxenetas que se quedan con gran parte del dinero que recaudan y controlan sus movimientos en todo momento.