DV. El hostelero de Erandio acusado de mobbing inmobiliario alegó ayer que había metido a treinta miembros de una familia gitana en su vivienda de un palacete de Neguri, conocido como la casa Tangora, porque los conocía «de toda la vida» y quiso ayudarles. «Me contaron que estaban en la calle con un montón de niños. No es de recibo que fueran a pasar el invierno sin tener donde guarecerse de la lluvia», declaró ayer en la vista del primer juicio que se celebra en Euskadi por acoso inmobiliario. El empresario admitió sin embargo, a preguntas de la acusación particular, que era la primera vez que hacía algo por esa familia gitana, y que después de que los desalojaran por orden judicial tampoco volvió a ocuparse de su situación, a pesar de que se quedaron en la calle.

La fiscal solicita más de 8 años de cárcel para cada uno de los cuatro procesados, el dueño del piso y el matrimonio de etnia gitana y su hijo a los que alquiló el piso por la cantidad simbólica de un euro, por los delitos de acoso moral, robo, destrozos, amenazas y allanamiento de morada presuntamente cometidos entre julio de 2003 y agosto de 2004, tiempo durante el que residió la familia de indigentes en la casa Tangora. Los denunciantes, vecinos de los otros dos pisos del palacete, situados encima y debajo de la vivienda del hostelero, piden una indemnización de 52.000 euros por los graves desperfectos registrados en sus casa – principalemente por las constantes inundaciones – , los objetos robados y 100.000 euros más por el daño moral sufrido. Una de las vecinas tuvo que recibir tratamiento por depresión.

«Afán de venganza»

En la sesión de ayer declararon los tres miembros del clan gitano, el hostelero y los policías que acudieron a las llamadas de los vecinos cuando se producían las fugas de agua y destrozos en su piso. La Fiscalía atribuye al acusado un plan para hostigar a sus vecinos por un «afán de venganza» al no poder llevar a cabo con éxito una «operación inmobiliaria».

Juan José R. reconoció ayer que se sintió «engañado» y «cabreado» por la operación de compra de la vivienda. Relató que vio en un anuncio que se vendía un piso en un palacete de Neguri y decidió comprarlo para sus hijos. «El dueño me ofreció también el piso de abajo. Comentó que había unos inquilinos, pero que iba a echarlos. Lo dio por hecho. Adquirí la vivienda y entregué diez millones por la opción de compra del piso de abajo. Dos años después me comunicaron que el inquilino había ejercido su derecho a quedarse con la casa y me devolvieron el dinero. Me engañaron. Tuvieron mi capital inmovilizado dos años», declaró ayer.

Los otros tres imputados, el matrimonio y su hijo, negaron también que el empresario que les cedió el piso les pidiera que acosaran a los vecinos. «¿Pero se cree, que somos salvajes?», dijeron.