El hostelero de Erandio acusado de ‘mobbing’ inmobiliario alegó ayer que había metido a treinta miembros de una familia gitana en una vivienda de su propiedad de un palacete de Neguri (Getxo), movido sólo por la compasión. «Me contaron que estaban en la calle con quince niños. No es de recibo que fueran a pasar el invierno sin tener donde guarecerse de la lluvia», declaró en el primer juicio de estas características que se celebra en Euskadi. Admitió, sin embargo, que fue la única vez que ayudó al clan y que después de que sus miembros fueran desalojados por orden judicial no volvió a ocuparse de ellos, a pesar de que se quedaron de nuevo en la calle. El empresario aseguró desconocer que dos de sus inquilinos tenían antecedentes penales y que el grupo estaba considerado como conflictivo y había sido expulsado de un piso de Sestao.

La fiscal solicita más de 8 años de cárcel para cada uno de los cuatro procesados: el dueño del inmueble, y el matrimonio de etnia gitana y su hijo a los que se lo alquiló por la cantidad simbólica de un euro al mes. Les acusa de los delitos de acoso moral, robo, destrozos, amenazas y allanamiento de morada presuntamente cometidos entre julio de 2003 y agosto de 2004, tiempo durante el que la conflictiva familia vivió en la denominada casa Tangora. Los denunciantes – vecinos de las otras dos viviendas del palacete situadas encima y debajo de la del hostelero – piden una indemnización de 52.000 euros por los graves desperfectos registrados – principalmente por las constantes inundaciones, algunas de aguas fecales – , y por los objetos robados; y 100.000 euros más por el daño moral sufrido. Una de las residentes tuvo que recibir tratamiento por depresión.

En la sesión de ayer en el Tribunal Superior vasco declararon los tres miembros del clan, el empresario y los policías municipales y ertzainas que acudieron a las llamadas de los vecinos cuando se producían las fugas de agua o los destrozos en su piso. La Fiscalía atribuye al acusado un plan para hostigar a sus vecinos movido por un «afán de venganza» al no poder llevar a cabo con éxito una «operación inmobiliaria».

«Me sentí engañado»

Juan José R. reconoció ayer que sí se sintió «engañado» y «cabreado». Relató que vio en un anuncio que se vendía un piso en un palacete de Neguri y decidió comprarlo para sus hijos. «El propietario me ofreció también el inmueble de abajo. Comentó que había unos inquilinos, pero que iba a echarlos. Lo dio por hecho. Adquirí la vivienda y entregué diez millones de pesetas por la opción de compra de la otra. Dos años después me comunicaron que el inquilino había ejercido su derecho a quedarse con el piso y me devolvieron el dinero. Me engañaron», declaró ayer.

El acusado, que regenta un restaurante en Erandio, rechazó que tuviera intención de adquirir todo el palacete para montar un establecimiento y que los vecinos frustraron su operación al no venderles sus inmuebles. «Que me perdonen los vecinos de Getxo, pero lo último que haría en mi vida es montar un restaurante en Algorta», declaró. La acusación particular indicó, sin embargo, que el piso lo puso a nombre de una sociedad cuyo fin eran las «inversiones inmobiliarias».

El empresario se enfadó mucho por su compra frustrada pero negó, a preguntas de la fiscal, que metiera a la familia gitana con el objetivo de hostigar a los vecinos y obligarles a vender. «Les conocía de toda la vida. Un día me encontré con Rafael y me contó que vivían en la calle. Les dije que podrían utilizar la vivienda mientras la tenía vacía, hasta que se trasladara mi hija. Esta gente también tiene derecho a vivir», declaró. «¿Había ayudado a esa familia económicamente, alojándoles o dándoles de comer en alguna otra ocasión?», le preguntó el abogado de la acusación, Ignacio Imaz. «No», reconoció Juan José R. Apuntó, sin embargo, que durante el tiempo que regentó un taller en Erandio siempre se preocupó «de dar la chatarra a los gitanos».

El procesado dijo desconocer que dos de los inquilinos a los que cedió el piso tienen antecedentes y que la familia fue expulsada de una casa de Sestao y está calificada por el Ayuntamiento de ese municipio como «conflictiva» por los problemas de convivencia que causó. «A mí me parecía gente muy normal», declaró. A pesar de ello, el hostelero incluyó una cláusula en el contrato por la que los inquilinos se comprometían a «comportarse bien» y «cuidar la vivienda».

El empresario negó haber pedido al clan gitano que hostigara a los vecinos. Achacó las graves inundaciones que sufrió el piso situado bajo el de su propiedad – algunas, de aguas fecales – y que acabaron por «devastar» la vivienda de los denunciantes a que las tuberías de la red general estaban «podridas» y la comunidad «se negaba a arreglarlas». «En ocho años no he conseguido que se haga ninguna obra de reparación», destacó. Para Juan José R. no ha existido acoso inmobiliario, sino un caso de «racismo puro y duro». «Si hubiesen sido payos en lugar de gitanos no les hubiesen expulsado de la casa Tangora y no estaríamos aquí», destacó.

«No somos salvajes»

Los otros tres imputados – el matrimonio compuesto por Rafael B. y Dolores E. y su hijo, Arturo B. E. – negaron también que el empresario que les cedió el piso les pidiera que acosaran a los vecinos. «Jamás de la vida», rechazó rotundo Arturo, que recordó su adicción «al ‘caballo’, la cocaína, el alcohol…, a todo». «¿Provocaron las inundaciones», le preguntó la fiscal. «¿Pero se cree que somos salvajes?», le respondió ofendido.

Sus padres también negaron haber causado las filtraciones de agua, robado, dañado la propiedad o amenazado a los vecinos, como figura en las más de cuarenta denuncias contra ellos. «Pero ¿cómo vamos a hacer agujeros para tirar el agua al piso de abajo, para que se me caigan los críos?», espetó Dolores.

Algunos de los agentes que inspeccionaron el piso sí recordaron ayer haber visto «algún agujero en el piso de la familia gitana» y «agua por el suelo». Muchos coincidieron en describir la vivienda que ocupaba el clan como un inmueble «destrozado» y «lleno de suciedad».