La Fiscalía pide un total de 8 años para cada uno de los cuatro acusados que se sentarán hoy en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Bilbao, en el primer caso por acoso inmobiliario que se juzga en Euskadi. Los procesados son el dueño de un piso ubicado en un palacete de lujo del barrio getxotarra de Neguri, conocido como la casa Tangora, y el matrimonio de etnia gitana y su hijo a los que alquiló la vivienda por la cantidad simbólica de un euro. A los acusados se les imputa un delito contra la integridad moral, y varios más por destrozos, robo, amenazas y allanamiento de morada. Fiscalía y acusación particular tratarán de demostrar que la familia de Getxo tuvo que soportar coacciones durante un año para obligarles a vender su casa.

La pesadilla para los vecinos de la casa Tangora comenzó con la operación de venta de una de las viviendas del edificio. La casa de piedra dispone de cinco alturas, aunque fue dividida en tres inmuebles – dos dúplex y un piso entre los dos – cuando se convirtió en una herencia a repartir. Un hostelero de Erandio, Juan José R., adquirió el piso con la opción de compra del dúplex de la primera planta, en el que vivía alquilada una familia. El otro inmueble de la casa estaba vacío ya que su dueña reside en Madrid y, al parecer, el empresario también tenía intención de comprarlo y hacerse de ese modo con todo el edificio.

La operación le salió mal. En el momento en el que el dúplex que estaba alquilado se puso en venta, el inquilino que residía desde hacía lustros en él ejerció su derecho de compra. El acusado le hizo una oferta económica, que rechazó. Ahí se desató la tormenta. El hostelero cedió el piso a una familia de etnia gitana que vivía en la calle, en una furgoneta aparcada en Erandio. Se lo arrendó por un euro. En aquel momento, Juan José R. declaró que lo hacía de forma «altruista» porque era «gente necesitada» a la que conocía de su pueblo. A precio de mercado, el alquiler del piso hubiese superado los 1.500 euros al mes. Tiene más de 400 metros cuadrados, diez habitaciones, cuatro baños, varias salas y una cocina.

Más de 40 denuncias

Rafael B., su mujer Dolores E., su hijo Arturo B. E. y una legión de familiares se instalaron en el lujoso palacete el 30 de julio de 2003. En algunos momentos, en el piso llegaron a residir 30 personas, entre hombres, mujeres y niños. Para el matrimonio que vivía con su hijo en el dúplex de abajo empezaba un calvario. Ese mismo día aparecieron las primeras goteras en su casa. En seis meses, presentaron más de cuarenta denuncias ante un juzgado de Getxo y la Ertzaintza contra el dueño del piso de arriba y sus inquilinos por las continuas inundaciones que sufrían, los destrozos en el edificio, amenazas y allanamiento de morada. El interior de la casa, paredes, suelos, azulejos, muebles y electrodomésticos quedaron destrozados por efecto de las inundaciones, en ocasiones de aguas fecales, que duraban semanas. En una ocasión, los coches de este vecino que rechazó vender su casa aparecieron rayados y las cerraduras embadurnadas de excrementos.

Las escenas que protagonizaba el clan gitano a diario causaron impacto en el lujoso barrio residencial de Neguri. Fue el tema de conversación durante meses. La víctima denunció que se veían obligados a soportar ruidos y música hasta altas horas de la madrugada – por las fiestas de sus vecinos – , y que recogía a diario las basuras que arrojaban los acusados a su jardín desde la ventana: televisores, desperdicios, vídeos o colchones. El último piso del palacete, que estaba vacío, sufrió un robo. La Policía encontró en casa del clan gitano muchos de los objetos sustraídos.

Los abogados de la víctima iniciaron una batalla legal, un proceso civil y otro penal, para lograr que un juez ordenara que cesaran las actividades que perturbaban la vida a su cliente, y, a la vez, tratar de demostrar que las inundaciones y destrozos en su propiedad eran «fruto del afán de venganza del empresario por no haber podido hacer una jugosa operación inmobiliaria», indicaba el texto que presentaron los letrados en el juzgado. En el documento, los abogados apuntaban que el dueño del piso en el que residía la familia de etnia gitana estaba «detrás» de todas las acciones de sus inquilinos, que iban dirigidas a «presionar» a su vecino, con el fin de forzarle a que abandone su casa.

Vivienda «devastada»

En mayo de 2004, un juez de Getxo vio indicios de delito en la actitud del hostelero que cedió la vivienda a la familia de etnia gitana. El auto judicial imputaba al arrendatario un delito de inducción al robo y daños, de los que acusaba a los inquilinos. El magistrado fue más allá y alertaba de que «estamos ante una maniobra de ‘mobbing’ inmobiliario, o revientacasas, por el que un especulador se vale de medios ilegales para apropiarse de un inmueble». El texto subrayaba que, «al ver frustradas sus expectativas» de compra de un piso, el acusado «urdió un plan para echar a los propietarios por la fuerza». Para ello, cedió el uso del piso a una familia de indigentes a cambio de que «perpetraran todos los daños posibles en el patrimonio de los vecinos hasta que cedieran a sus propósitos».

El auto relataba el calvario que soportaba la familia de Neguri que residía en la planta baja de la casa Tangora. «Su vivienda está devastada», describía el juez. La resolución se apoyaba en una serie de indicios, uno de los principales la coincidencia de la entrada de los «inquilinos pobres de solemnidad» con la aparición de las goteras y la inundaciones. El juez mostró un claro interés por erradicar «de cuajo» cualquier intento «de implantar en España las prácticas de acoso inmobiliario que tanto se estilan en otros países».

La pesadilla para los vecinos de la planta baja de la casa Tangora terminó en agosto de 2004, cuando un juzgado de Getxo dictó medidas cautelares contra los acusados de acoso. Ordenó el desalojo de los inquilinos y su expulsión del municipio y les impidió acercarse a 500 metros del palacete de Neguri.

Las decisiones del juzgado de Getxo están consideradas como las primeras en España en las que se que reconocen este tipo de coacciones, y también la primera victoria legal en un caso de acoso inmobiliario al ordenar un juez el desalojo de los presuntos acosadores. El magistrado de Getxo que dictó su expulsión argumentaba que los imputados estaban «ejecutando un plan sistemático de acoso contra sus vecinos», que las víctimas soportaban delitos en su domicilio de forma «persistente y flagrante» y que su casa se había convertido en «inhabitable». El juicio que comienza hoy en Bilbao sentará también un precedente en Euskadi.