El revuelo que se armó en mayo con el polémico paquete de medidas de Silvio Berlusconi contra la inmigración ilegal ha terminado como muchas cosas en Italia, en nada. Basta que pase el tiempo. Los dos puntos fuertes de la Liga Norte, que controla el Ministerio del Interior con Roberto Maroni, se han caído de la ley. Uno, la inmigración clandestina no será delito y por tanto no se castigará con la cárcel, sino con una multa, aunque el detenido podrá ser expulsado por un juez. Y dos, los ciudadanos comunitarios que cometan delitos – una idea pensada para gitanos y rumanos – no serán expulsados, sólo se podrá, como mucho, invitarles a irse.

La expulsión se ha caído por el veto de la UE, que la considera «excesiva» y ha comunicado que no la permitirá. Al final, ni siquiera habrá invitación porque toda esta parte de la ley desaparece. De este modo se queda también en agua de borrajas el famoso censo de gitanos iniciado a bombo y platillo en julio, que incluía las huellas dactilares. Pese a la polémica, la UE lo autorizó, pues vio una ayuda a la identificación. El objetivo del censo era aplicar la nueva ley y echar a los presuntos delincuentes, pero se va a quedar en una intervención social para escolarizar niños y dar asistencia médica. De todos modos el censo está terminado y la cifra anunciada de 140.000 gitanos, tan temible, no se ve por ningún lado: en Roma, Nápoles y Milán – principales asentamientos – hay sólo 15.000. Sobre los rumanos, datos estadísticos de esta semana confirman que el año pasado llegaron 283.000, un aumento del 82%.

El delito de inmigración ilegal, en cambio, se ha desvanecido a causa de las divisiones en el Gobierno ante las críticas de la Iglesia y de diversos sectores, pero sobre todo por las dificultades prácticas que planteaba.