La inmigración ha hecho más ricos a los españoles y retrasado en unos siete años la necesidad de abordar con urgencia la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, pero no resuelve los problemas que causará el envejecimiento de la población, que sólo empezarán a aflorar en torno a 2015. Por eso urge poner en marcha nuevas reformas. En estos argumentos coincidieron ayer el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el nutrido grupo de investigadores que ha trabajado para la Fundación de Economía Aplicada (Fedea) en su monográfico sobre el impacto de la inmigración.

Fernández Ordóñez estimó – desde unos supuestos conservadores – que la inmigración ha contribuido en un 25% al crecimiento de la renta por habitante que ha experimentado España en la última década. En un periodo casi coincidente – desde 1996 hasta la fecha – la población ocupada ha pasado de 13 a 20 millones, y el 50% de este fortísimo incremento – unos 3,5 millones de trabajadores – son inmigrantes.

Tras abordar el fenómeno desde todos los ángulos – coste de las prestaciones, incidencia en el mercado de trabajo, impacto en el rendimiento escolar o evolución de la delincuencia – los estudiosos de Fedea llegan a la conclusión de que «la contribución positiva de los inmigrantes se prolonga en estos momentos de cambio de ciclo» y constituye «una oportunidad para que los poderes públicos afronten las necesarias reformas que les permitan sacar el máximo aprovechamiento».

Por su parte, Michele Boldrin, coordinador del estudio, señaló que «parar la inmigración y promover su retorno» es una medida equivocada y sugirió a las autoridades españolas la aplicación de políticas proactivas, que orienten las entradas selectivas y promuevan la movilidad y, sobre todo, la readaptación de los inmigrantes ya establecidos en el mercado laboral.

«La posibilidad de salir de la crisis – dijo – también radica en que esta población se mueva de una a otra región y mude de una actividad a otra». Recordó que los inmigrantes, tras haber tenido parte de ‘culpa’ en la revalorización de los inmuebles, son un colectivo de potenciales compradores de vivienda. «Sin ellos, otro medio millón de casas engrosará la oferta», aseguró.