Detecta un aumento de mafias del Este que explotan a los niños para que hurten o mendiguen sabiendo que no existe castigo legal El truco de utilizar a menores de 14 años de edad para realizar pequeños hurtos y obligarles a mendicar – aprovechando que son inimputables penalmente – podría tener los días contados si se escucha el consejo realizado ayer por la Fiscalía Superior de Cataluña.

La Memoria Anual de esta institución alerta del «notorio incremento» de la presencia de mafias, especialmente rumanas, que utilizan a los niños a sabiendas que, de ser pillados in fraganti, no habrá consecuencias penales. Pero si se modificase la ley orgánica 5/2000 para poder actuar y castigar penalmente a los menores de entre los 12 a los 14 años que delincan, todavía se estaría «a tiempo» de actuar.

Concretamente, especifica la Memoria que «el problema de los menores de 14 años rumanos de etnia gitana, que no nos cansaremos de indicar, salvo que se cambiare la ley orgánica 5/2000, es que nada puede hacer la jurisdicción de menores» ya que «se trata de menores utilizados por las mafias precisamente porque tienen menos de 14 años, y saben perfectamente que no tienen ninguna respuesta penal».

Esta queja, o más bien sugerencia, llega después de que, analizando los datos del año 2007, se haya visto que durante el año pasado se archivaron 1.587 casos porque habían sido realizados por niños de menos de 14 años, lo que supone un aumento del 14% respecto a 2006 y el doble que en 2001. Las diligencias abiertas a menores de 12 y 13 años también crecieron, llegando a las 1.273, lo que implica un 42% más que las registradas en el año 2002.

La Fiscalía afirma que existe una preocupación por el incremento de casos delictivos protagonizados por estos niños – en su mayoría dirigidos por mafias de la Europa del Este – , que «cometen un gran número de pequeños hechos delictivos» y que «en ocasiones son detenidos en varias ocasiones en un mismo día».

Por poner un ejemplo, ayer mismo se puso a disposición judicial «a nueve personas que utilizaban a sus hijos menores de 14 años en la realización de robos con violencia en Badalona». El fiscal pidió prisión para ocho adultos, mientras otros tantos menores ya han pasado a un centro de la Generalitat.

La Memoria también propone, por otra parte, «una reflexión profunda» sobre la necesidad de modificar el Código Penal para obligar a las mujeres maltratadas a declarar contra sus agresores para evitar que los agresores actúen con impunidad y el alto número de sentencias absolutorias. El documento considera que la dispensa a no declarar como testigo al que pueden acogerse las víctimas que siguen unidas a su agresor, «se ha convertido en un obstáculo legal para la persecución y castigo» de los maltratadores.