BUENOS AIRES (AFP) –
Los seis campesinos paraguayos acusados en su país de homicidio y organizaciones de derechos humanos repudiaron el domingo a la presidenta argentina, Cristina Kirchner, por no conceder refugio político a los detenidos, quienes cumplen dos meses de ayuno en una prisión bonaerense.

“Repudiamos la actitud hipócrita de la presidenta Cristina Kirchner, que se presenta como defensora de los derechos humanos, pero violó flagrantemente nuestros derechos manteniéndonos en prisión por más de dos años sin ninguna causa”, manifestaron los presos en un comunicado.

Agustín Acosta, Basiliano Caldozo, Simeón Bordón, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera llevan 60 días de huelga de hambre y desde el jueves tampoco ingieren líquidos, luego de enterarse del rechazo a su petición.

Los detenidos consideran que, con esa decisión, Kirchner “está rompiendo la larga tradición de Argentina como tierra de refugio de miles de perseguidos políticos de América Latina y del mundo”.

Organizaciones humanitarias argentinas, entre ellas la Coordinadora por la libertad de los presos políticos, criticó al gobierno por la negativa y advirtieron sobre la gravedad del estado de salud de los detenidos y aseguraron que están al borde de la hospitalización.

Los paraguayos, que se encuentran en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz (50 km al oeste), iniciaron una huelga de hambre en coincidencia con la asunción del presidente Fernando Lugo en Paraguay.

Los seis se consideran “víctimas de una persecución política” en su país, donde están acusados de haber secuestrado y asesinado en 2004 a Cecilia Cubas, hija del ex presidente de Paraguay Raúl Cubas (1998/99).

El cadáver de la mujer apareció enterrado en las afueras de Asunción el 16 de febrero de 2005, tras cinco meses de secuestro.

Los paraguayos fueron detenidos el 2 de mayo de 2006 en Argentina mientras tramitaban el pedido de refugio político “confiados en la larga trayectoria del país como tierra de asilo para miles de perseguidos políticos”, explicaron.

Pero en diciembre de 2006, un juez de primera instancia decidió extraditarlos, medida que ellos apelaron, por lo que esperan la resolución definitiva de la Corte Suprema.

Los detenidos han recibido el respaldo del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, de organizaciones humanitarias, sociales, culturales y políticas de izquierda y centroizquierda.