DESDE hace años se maneja la etiqueta de ‘turismo sanitario’, detrás de la que hay una realidad compleja por las características demográficas de la Costa del Sol. En efecto, hay un tipo de pacientes que parecen utilizar una modalidad ventajista de vacaciones consistente en unos días de estancia en el litoral de Málaga y un ingreso hospitalario para intervenirse de alguna dolencia para evitar el sistema sanitario de sus países, por ser no gratuito o con listas de espera muy largas, aprovechándose espuriamente de la solidaridad universal del sistema sanitario español, y andaluz en particular. Tres de cada diez intervenciones de cadera que se realizan en Málaga están destinadas a pacientes extranjeros, un porcentaje que delata ese aprovechamiento. Sin embargo, detrás de las cifras publicadas hoy por este periódico hay otros tipos de situaciones. El incremento de población inmigrante ha resultado espectacular en todo el país, hasta frisar cotas en torno al diez por ciento de habitantes netos, y además hay que considerar que la cuarta parte de la población extranjera radicada en España lo hace en Andalucía, y Málaga es un foco central puesto que además cuenta con una elevada cifra de residentes extranjeros, en muchos casos no empadronados, con edades críticas en términos de salud. Todo ello significa que, más allá de ese fenómeno específico, estamos ante una mutación social con un impacto incontrovertible en la estructura y la atención sanitaria que debe ser reevaluado a la luz de ésta.

Hay que discriminar dos planos: la atención y la financiación. La comunidad garantiza que ninguna persona se verá privada de la primera; respecto a la segunda, la cobertura de los pacientes corresponde a ellos mismos, a sus compañías de seguro o a la sanidad de sus países, en el caso de ciudadanos de la UE a través del Fondo de Cohesión Sanitaria. El año anterior, la comunidad emitió facturas por valor de 16,7 millones de euros, casi tres mil millones de las antiguas pesetas. Y casi tres cuartas partes se emitió desde el Hospital Costa del Sol de Marbella, que se ve considerablemente condicionado, por tanto, por este perfil de usuarios toda vez que una cuarta parte de sus urgencias e ingresos corresponden a esta categoría. Esto da la medida del fenómeno; ante el que hay que reclamar eficacia y rigor. El sistema andaluz no puede aceptar un déficit perjudicial por la inercia de unos mecanismos deficientes de gestión. Quizá hasta ahora se trataba de un problema menor que no requería una atención especial para corregir su impacto; pero el desarrollo de la población inmigrante y residencial, así como el caso extendido del ‘turismo sanitario’, alcanzan ya cifras ante las que no se debe permanecer impasibles sino reclamar la máxima eficiencia por el bien de esos mismos pacientes y de la población autóctona que sufraga el sistema con sus impuestos.