El Boletín Oficial del Estado ha publicado el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de acogida y atención a los menores extranjeros no acompañados. Un convenio donde se recoge que a su firma «y con el objeto de financiar la atención a los menores extranjeros no acompañados» el ministerio transferirá la cantidad de 3.300.000 Euros.

Entre las intenciones que promueve el texto firmado por el ministro Celestino Corbacho y la consejera de Bienestar Social María Antonia Garbín figura el compromiso de compartir la asistencia técnica que se requiera y el intercambio de información, conocimientos y experiencias para la mejor atención a los menores y la adecuación de los recursos a las necesidades de cada momento.

Tras la firma de este acuerdo, el Gobierno local se compromete a prestar una atención adecuada a los menores extranjeros no acompañados que estén en la ciudad, ya estén sujetos o no a su tutela. Como es lógico, «la provisión de servicios de alojamiento y de atención adecuados a las características y necesidades específicas de los menores» viene recogida en el texto del acuerdo donde se añade también que estos niños y niñas disfrutarán de apoyo psicosocial y la escolarización que requieran para fomentar su inserción profesional.

En un apartado más técnico, la Consejería de Bienestar Social se encargará de configurar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, en la que se refleje, de forma detallada, las actuaciones llevadas a cabo y los recursos empleados para su ejecución. En ella se incluirá un certificado de gasto de las actividades realizadas emitido por el órgano de Intervención.

Polémica sobre la deuda

Se da la curiosa circunstancia que esta publicación en el BOE se produce apenas dos días después de la comparecencia de la responsable de Bienestar Social en la que María Antonia Garbín denunciaba la deuda que el Gobierno central mantiene con la ciudad en cuanto a la prestación de servicios sociales correspondientes a parte del año 2007 y a programas desarrollados este año. Un montante que, según sus cálculos podían ascender hasta los 7,3 millones de euros lo que, según sus propias palabras, suponía un riesgo para las arcas públicas. Una denuncia pública que encontró respuesta en las declaraciones del vicesecretario general de los socialistas melillenses, Alonso Díaz, que mantiene que no creerá nada que la Ciudad afirme en los medios «sin los documentos que acrediten qué se debe y en concepto de qué».