Luego de la redada ocurrida el martes último en la planta de Columbia Farms, de House of Raeford, en Greenville, los guatemaltecos que no fueron capturados viven con temor de que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) llegue a sus casas u otras empresas donde laboran.

Al menos tres empresas, una de aluminio, otra de materiales desechables y una de preparación de fruta, aún contratan a muchos connacionales que corrieron con la suerte de no ser capturados en la redada del martes recién pasado.

Ellos salen a trabajar, pero cada mañana escuchan las noticias en la radio, con lo cual crece su temor, pues de manera constante oyen que el ICE llegará de nuevo y hará otras redadas.

“La empresa pollera sigue laborando. Por la mañana escuché en la radio que allí trabajan unas 800 personas, y solo agarraron a 300, que faltan 500, y que Migración va a regresar. Pienso que debería haber información para que se vayan a otro lado. Siento mucho lo que pasó con nosotros, y no quiero que a ellos les pase eso”, expresó María Baltazar, indocumentada.

Baltazar fue capturada durante la redada en Greenville, pero quedó en libertad condicional, con un brazalete electrónico, porque tiene un niño de 4 años de edad y nadie se lo cuidaría.

La misma situación afronta Magdalena Ramírez, aunque su preocupación se multiplica por tres, el número de hijos que tiene, de 4, 5 y 6 años de edad.

“Si me los llevo a mi país, se van a enfermar, porque es un lugar muy pobre. Tengo un niño que está enfermo, y cada dos meses lo debo llevar a chequeo, porque lo operaron, pues nació pegado de una mano. Espero que el juez me dé chance de quedarme más tiempo en Estados Unidos”, manifestó Ramírez.

Ella es originaria de Santa Eulalia, Huehuetenango, y comparte su pena con compatriotas de San Juan Ixcoy y Barillas, del mismo departamento, y con otros de Quiché.

Para Ramírez,la situación es difícil, porque al igual que las otras 26 mujeres y tres hombres liberados por razones humanitarias, no recibe alimentos, ya que no está en prisión, y tampoco puede trabajar, según explicó la cónsul guatemalteca en Atlanta, Beatriz Illescas.

La funcionaria informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya autorizó un fondo para ayudar a estas personas y a quienes están encarceladas, pero aún debe gestionar la entrega del dinero.

Ayer, Illescas se entrevistó con 21 mujeres detenidas, y afirmó que se sienten reconfortadas, pero tienen mucha incertidumbre, pues no pueden comunicarse con sus familiares en Greenville. La cónsul ofreció que pedirá ayuda en esa ciudad.

Sin embargo, enfrenta al reto de ubicar a otras seis connacionales, quienes son reincidentes y fueron trasladadas a otra cárcel.

En el caso de los hombres, la funcionaria podrá hablar con ellos el próximo martes.

En cuanto a los tres menores de edad guatemaltecos capturados, ayer fueron deportados dos, según Bárbara González, portavoz del ICE. El otro deberá presentarse ante un juez, quien decidirá su futuro.

Jenny Navas, asistente de la guatemalteca Natalia Morán, quien asesora a los detenidos, afirmó que mañana efectuarán una radiotón en esa ciudad, para ayudar tanto a los prisioneros como a los que tienen brazalete.

Héctor Meléndez, líder guatemalteco en esa comunidad, refirió que buscan apoyo de las iglesias Católica y Evangélica, las cuales ya han donado alimentos para las familias de los que están en libertad condicional; éstos deben presentarse ante las autoridades migratorias estadounidenses entre mañana y el 18 de octubre.

Pero esa cita no será determinante, ya que es solo para demostrar que siguen en Greenville. Después les darán otra fecha para presentarse ante un juez, quien definirá su futuro.

Adela Mendoza, coordinadora de Alianza para la Colaboración de la Comunidad Hispana, expresó que se han formado grupos de asistencia económica y humanitaria para los afectados por redadas, en esa ciudad.