El Parlamento vasco rechazó ayer de forma expresa la directiva de retorno aprobada por la Cámara europea, el documento que viene a establecer un marco común en la política de inmigración de los 27 estados miembros y, entre otras cuestiones, viene a posibilitar la retención por un máximo de 18 meses a las personas de terceros países que entren de forma irregular en el continente. El tripartito (PNV, EB y EA), Aralar y EHAK lograron pactar un texto conjunto en el que se califica esta normativa como una «racista y xenófoba» y se argumenta que «vulnera los Derechos Humanos» de los inmigrantes, a quienes convierte en «ciudadanos de segunda» y se les «criminaliza», coincidieron los portavoces de estas formaciones.

La directiva fue apoyada en Europa con el apoyo de populares y socialistas, aunque entre estos hubo voces discrepantes. La parlamentaria Gema Zabaleta defendió ayer la normativa, tildó de «planfetaria» la proposición de los nacionalistas y destacó que el texto «obliga a aquellos países donde las garantías para los inmigrantes apenas existían, pero no coarta las existentes ya en otras naciones».

Borja Semper, del PP, ahondó en esta reflexión y defendió que era necesario establecer un marco común en Europa porque muchos países «carecían de ninguna garantía» para los inmigrantes en situación irregular.