Greenville. Magdalena Domingo Ramírez López se mudó a Carolina del Sur, hace casi dos años, para trabajar en una planta procesadora de pollos; ahí se sentía en casa.

Los fines de semana, el barrio cercano a la planta de The House of Raeford se llenaba con los sonidos de música salsa y los aromas de la comida guatemalteca.

Ramírez, de 29 años, iba de compras con sus tres hijos a las tiendas cercanas que abastecen a los inmigrantes, algunos indocumentados en el país.

La vista y los sonidos le recordaban su natal Guatemala. Ramírez declaró que está feliz de vivir en Estados Unidos, un país que le ofrecía una vida mejor para su familia.

Sin embargo, esas esperanzas fueron destrozadas el martes recién pasado, cuando agentes federales efectuaron una redada en la planta y arrestaron a 330 presuntos inmigrantes indocumentados, seis de éstos adolescentes y tres guatemaltecos, cerraron la instalación y desgarraron a la comunidad.

Ramírez fue arrestada y podría ser deportada, como sucedió con su esposo hace dos años.

“Toda mi vida ha cambiado”, declaró en tanto rodaban lágrimas por sus mejillas. “No quiero regresar a Guatemala. Mis hijos están mejor aquí. El país es tan pobre; no hay nada allá”, agregó.

Un día después de la redada, las familias esperaban tener noticias de sus seres amados recluidos en centros de detención.

En Greenville, calles y negocios lucen vacíos, porque quienes no fueron detenidos permanecen en sus casas con temor de que regresen los agentes federales.

Apenas días antes, trabajadores del sector avícola llenaban las calles del barrio alrededor de la planta.

La transformación de la comunidad fue lenta, pero continua, durante los últimos 15 años, a medida que los recién llegados reemplazaban a afroamericanos y blancos de clase media trabajadora.

Los residentes del barrio, que estaban al tanto de los cargos federales contra supervisores de plantas, acusados de ayudar a inmigrantes ilegales a falsificar documentos, no pensaron que pasarían por lo mismo.

Después de todo, ellos estaban aquí para dar a la planta largas horas de trabajo pesado, y a los funcionarios locales no les parecía importar.

Ese pensamiento probablemente es compartido por inmigrantes en comunidades de todo el país, incluidos estados en el sur, en Iowa y Nueva York, que han sido atrapados en redadas similares de la Agencia de Inmigración y Aduanas.

Ramírez creía que estaba a salvo. La mayor parte del sábado recién pasado pasó bajo interrogatorios de agentes federales que le tomaron sus huellas dactilares. Al día siguiente, enfrentó la posibilidad de ser enviada de regreso a Guatemala.

Sus hijos, de 4, 5 y 6 años, nacieron en Estados Unidos. “Lloré todo el tiempo que estuve con los policías. Seguía pensando en mis hijos, que ya no los vería de nuevo”, expuso.

AP