| MADRID

Medida de gobierno.

Entre octubre del 2002 y agosto del 2008, de los 5.255 ecuatorianos contratados en origen por empresas españolas, 4.698 ocuparon vacantes en la agricultura, la construcción y los servicios. Es decir, en los sectores en los que a partir de ahora resultará imposible emprender procesos de selección en terceros países.

La decisión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de recortar el número de ocupaciones de difícil cobertura para ajustar la demanda de mano de obra en el exterior a la realidad del mercado laboral actual, cierra la puerta a peones agrícolas, albañiles, cajeros, camareros, empleadas domésticas, socorristas y dependientes ecuatorianos. España corta así la única posibilidad de emigrar por el cauce legal de la que disponían los connacionales.

El catálogo que recoge la lista de aquellos empleos donde los empresarios no encuentran trabajadores en España, se publica trimestralmente y con un desglose de ofertas por provincias. El que regirá durante los últimos tres meses del 2008 prioriza la contratación de empleados cualificados. En Ecuador, estos representan apenas el 10% de las ofertas cursadas a lo largo de seis años, desde que entró en vigor el convenio bilateral de regulación de flujos migratorios.

Semanas atrás, el ministro de Trabajo e Inmigración español, Celestino Corbacho, advirtió que se produciría una reducción de vacantes. Incluso, habló de que el contingente se “aproximaría a cero”. “Si hay demandantes españoles o extranjeros en España deben optar primero a ese puesto de trabajo. Siempre ha sido así.

La novedad es que la situación es distinta  y el catálogo también es diferente porque se ajusta a la realidad del mercado laboral”, declaró ayer Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración.  Son tiempos difíciles en el país europeo. En septiembre, el número de desempleados se ubicó en 2’625.368 personas (298.870 extranjeros). Hasta ese mes, 23.815 ecuatorianos cobraban una prestación por desempleo.

Dora Aguirre, presidenta de la Asociación Rumiñahui, sostiene que con estas medidas se “sigue instrumentalizando a los inmigrantes para encubrir la situación laboral”.

La dirigente abogó, sin embargo, para que el gobierno ponga en marcha programas de formación que permitan la “recolocación de los desempleados en esos puestos que no se ofertarán afuera”.