GREENVILLE, Carolina del Sur (AP).— Cuando Magdalena Domingo Ramírez López se mudó a esta ciudad de Carolina del Sur hace casi dos años para trabajar en una planta procesadora de pollos, se sintió como en su casa.

Los fines de semana, el barrio vecino de la planta The House of Raeford se llenaba con los sonidos de música salsa y los aromas de la comida de su Guatemala natal. La mujer de 29 años iba de compras con sus tres hijos a las tiendas cercanas que abastecen a los inmigrantes hispanos, algunos ilegales, otros no.

Las imágenes y los sonidos le recordaban a su país y Magdalena se sentía feliz de vivir en EU. Pero esa felicidad se disipó de un golpe el 7 de octubre, cuando agentes federales realizaron una redada en la planta, arrestaron a 330 presuntos indocumentados, seis de ellos adolescentes, cerrando la instalación y desgarrando a una comunidad muy unida.

Ramírez fue arrestada y podría ser deportada, como sucedió con su esposo hace dos años.

“Toda mi vida ha cambiado”, dijo Magdalena con lágrimas en las mejillas. “No quiero regresar. Mis hijos están mejor aquí. Mi país (Guatemala) es muy pobre; no hay nada allá”.

Por su parte, una portavoz del servicio de inmigración y aduanas dijo solamente que los arrestados estaban violando las leyes de inmigración.

Un día después de la redada, las familias esperaban por noticias de sus seres queridos en centros de detención. Mientras tanto, calles y negocios estaban vacíos porque quienes no fueron detenidos permanecen en sus casas, temerosos de que regresen los agentes federales.

La transformación de la comunidad fue lenta pero continua durante los últimos 15 años, a medida que los recién llegados reemplazaban a los trabajadores negros y blancos.

Magdalena podría ser enviada en cualquier momento de regreso a Guatemala. Sus hijos, de cuatro, cinco y seis años de edad, nacieron en EU. “Lloré todo el tiempo que estuve con los policías. Seguía pensando en mis hijos; en que ya no los vería nuevamente”, comentó.

López está bajo arresto domiciliario y tiene que llevar un monitor electrónico en el tobillo hasta su audiencia de deportación, el 14 de noviembre. No tiene dinero para contratar a un abogado.

Su hijo de cuatro años, Issias, se recupera de una operación y ella duda que pueda recibir atención médica apropiada en Guatemala, adonde ella planea llevar a sus hijos para reunirlos con el padre.

 
 

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