Eulàlia Solé
Bibiana Aído, ministra de Igualdad, proyecta un plan para ayudar a las prostitutas a abandonar su forma de vida. Consiste en que si denuncian a las mafias que las explotan, obtendrán trabajo y permiso de residencia. La intención es buena, lo cual no significa que sea efectiva, ni valiente.

Según datos aportados por diversas ONG, en España hay casi 300.000 mujeres que ejercen la prostitución, de las cuales el 90% son extranjeras. Sabido es que, en su inmensa mayoría, han emigrado engañadas por las mafias y acto seguido se han visto obligadas a prostituirse. Si la ciudadanía está enterada, más lo están las autoridades; si es de dominio público que existen más de 14.000 bares llamados de alterne, la policía lo sabe mejor que nadie. ¿A qué viene, entonces, el intento de involucrar a las personas más débiles en el desmantelamiento de las redes mafiosas?

Se dice, en el citado proyecto, que el Gobierno proporcionará no sólo protección económica sino física. Ahora bien, ¿quién protegerá a los familiares que han dejado en sus países? Uno de los casos ocurridos recientemente atañe a una joven nigeriana extorsionada en Barcelona, más tarde liberada por la policía y luego amenazada por sus antiguos proxenetas, hasta que su padre apareció muerto en Nigeria.

Un panorama que convierte en chocante el propósito gubernamental de recurrir a las víctimas para que denuncien a sus verdugos. Es el Gobierno, con la policía como brazo ejecutor, el que debe perseguir, detener, castigar y erradicar a las mafias que trafican con mujeres y se enriquecen a su costa. Lo que ocurre en los prostíbulos – camuflados o no como bares-, quiénes son sus trabajadoras y cómo han llegado hasta allí es competencia de las autoridades. En una sociedad donde el control se ejerce incluso sobre los pacíficos ciudadanos, es imposible que la policía no conozca los sistemas empleados por las mafias y la identidad de los mafiosos.

La inoperancia de un ministerio, el del Interior, no puede ser enmendada por la de otro ministerio, el de Igualdad, a base de pedir a prostitutas engañadas y atemorizadas que lleven a cabo una tarea muy arriesgada que no les corresponde. La prostitución siempre ha estado rodeada de hipocresía, por parte de los clientes, los empresarios y los órganos judiciales. Es hora de separar el grano de la cizaña.