La llegada ininterrumpida de inmigrantes y la movilidad geográfica de las familias autóctonas y foráneas dentro de Catalunya mantienen en jaque a la planificación escolar. Según los datos que maneja Educació, en 13 de los grandes municipios catalanes – – una lista en la que no figura Barcelona – – hubo casi 6.000 demandantes de una plaza entre julio y septiembre, una vez cerrado el periodo de matriculación. El 65% de las peticiones eran de alumnos extranjeros. La inmensa mayoría ya ha conseguido que se le asigne un centro escolar, pero a costa de sobrecargar las clases de alumnos. En esas 13 ciudades, más de 2.200 aulas se hallan por encima de la ratio (fijada en 25 alumnos por clase en primaria y 30 en secundaria), de acuerdo con los cálculos de la conselleria.
El conseller Ernest Maragall defendió ayer en el Parlament el aumento en un 10% de las ratios asegurando que se trataba de “una medida extraordinaria” prevista por la ley para enfrentarse a este tipo de eventualidades, aunque subrayó su carácter temporal. “No podemos acomodarnos, permanecer pasivos ante esa situación. Si se consolida habrá que tomar medidas, dedicar recursos, ampliar la oferta con nuevos centros”, anunció en la comisión de educación y universidades de la cámara legislativa catalana.

PREDICCIONES INÚTILES
Cuando la diputada de CiU Irene Rigau le reprochó que no hubiese reaccionado ante las informaciones de la Delegación del Gobierno central que, a comienzos de año, anunció que los permisos de reagrupación familiar conllevarían la llegada de miles de escolares, Maragall vino a decir que esas predicciones eran de poca utilidad porque se quedaban cortas. En ciudades como Santa Coloma de Gramenet y Badalona, por ejemplo, donde el volumen de extranjeros incorporados a las aulas tras el inicio del curso ha levantado protestas entre el profesorado, los cálculos vaticinaban que la demanda crecería cuatro veces menos.
Maragall apuntó que las razones de ese desajuste podían obedecer a “que haya aflorado la escolarización de niños que ya estaban aquí” o incluso a la entrada de inmigrantes incontrolados. Lo cierto es que la información que facilita la Delegación del Gobierno, desagregada por municipios, no precisa cuándo llegará el menor que se beneficia de la reagrupación familiar, sino el mes en que se ha aprobado el expediente. La familia ha de conseguir a continuación el visado, una tarea que puede demorarse de dos a seis o más meses en función del país de origen y que no siempre se salda con éxito, además de contar con los recursos necesarios para pagar el viaje. Hacer pronósticos con esas variables en liza resulta una tarea arriesgada.
La Delegación del Gobierno ha avanzado, por ejemplo, que desde primeros de junio hasta finales de septiembre se han aprobado 2.805 expedientes de reagrupación familiar que benefician a menores en edad escolar, pero ignora cuándo recalarán en los centros escolares.
El conseller aventuró que “todo parece indicar que el ritmo de crecimento de la población escolar extranjera no se mantendrá”, pero a continuación alertó de que en los próximos años “los problemas aparecerán con más intensidad en la ESO” al trasladarse el crecimiento experimentado por las aulas de primaria a la secundaria. La ampliación y construcción de nuevos institutos se va a convertir a corto plazo en una urgencia.
Durante su comparecencia en el Parlament, Maragall también se refirió al elevado número de cambios de domicilio, dentro o fuera del mismo municipio, que se registran a lo largo del curso o durante las vacaciones estivales, lo que introduce “un elemento de complejidad” añadido a la gestión de la demanda escolar. Ese tipo de movilidad, dijo, tiene “una dimensión espectacular”. En el curso 2006 – 2007, señaló, unos 33.000 alumnos, una cuarta parte de ellos extranjeros, abandonaron un centro para incorporarse a otro después de un traslado.
Entre los datos de las ciudades que han recibido más peticiones de matrícula en los últimos tres meses, llaman la atención los de la ciudad de Tarragona, donde se han contabilizado 828 solicitudes, y las de 527 alumnos de nacionalidad extranjera entre los 783 que han formalizado su demanda en L’Hospitalet de Llobregat. En Badalona, finalmente han sido 799 las solicitudes recibidas fuera de plazo, de las que 522 son de menores inmigrantes.
Maragall aludió ayer al plante de los directores de centros públicos de esa última ciudad, que se habían negado a acoger a más alumnos por encima de la ratio si la conselleria no se lo exigía por escrito. Dijo que “tenían razón”, que hicieron bien al reclamar que “todo se formalice correctamente” y aseguró que ayer los centros ya disponían de la comunicación formal en la que se les indica que han de proceder a incrementar las ratios.