Por el modo en que se han disparado las solicitudes de residencia en nuestro país, sólo puede concluirse que los reiterados anuncios de endurecimiento de la política migratoria han provocado un singular efecto llamada contra el que bien poco han podido el deterioro de la economía, las galopantes cifras de paro o los pronósticos de los organismos internacionales sobre el recrudecimiento de la crisis. Sólo entre julio y septiembre, 330.000 extranjeros regularizaron su situación en España, lo que supone un insólito alud de solicitudes. Comparativamente, ni siquiera la política de puertas abiertas acometida por Jesús Caldera en 2005 – periodo en el que 700.000 inmigrantes lograron normalizar su situación – estimuló tanto la tramitación de papeles.

Si tenemos en cuenta que en lo que va de año medio millón de inmigrantes obtuvieron papeles, es evidente que la evolución experimentada durante los últimos tres meses responde a una nueva y excepcional avalancha. Todo indica que los ciudadanos extranjeros han acelerado la petición de permisos de residencia ante la certidumbre de que ni España ni Europa volverán a ser tan receptivas. Medidas como la directiva europea que eleva hasta 18 meses el tiempo máximo de estancia de irregulares en centros de internamiento, el anuncio de Celestino Corbacho de reducir a cero las contrataciones en origen, o el endurecimiento de las condiciones para la reagrupación familiar han hecho que los ciudadanos extranjeros aceleren al máximo sus tramitaciones. De hecho, a punto de cerrarse el grifo de los contratos en origen, las asociaciones que trabajan con inmigrantes han detectado un incremento muy llamativo de las solicitudes de residencia por arraigo.

Parece claro que no hay peor política de inmigración que la que no se ejecuta, y que el Gobierno haría mucho mejor si, en lo referente a la regulación de la inmigración, se pronunciara menos y actuara más. A fecha de 31 de septiembre ya hay viviendo regularmente en España 4,5 millones de extranjeros, más un número sin duda muy elevado que reside en situación ilegal. Si no queremos que la crisis económica acabe provocando también una crisis social, es imprescindible que la política migratoria se rija por criterios de absoluto rigor. Ayer la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, atribuyó la nueva avalancha de solicitud de papeles a la capacidad de absorción de nuestro mercado laboral y a las becas por investigación, un ejercicio de voluntarismo – si no de frivolidad – inaceptable en un asunto tan sensible.