L.PARDO/A.RICA/L.DERQUI

VALENCIA. «Es sólo la punta del iceberg». «Lo peor está por llegar». Éstos son algunos de los temores de quienes trabajan con personas sin recursos en entidades solidarias que se han visto desbordados por el aumento de la demanda registrado en las últimas semanas.

Aunque desde los centros evitan dar todavía cifras, lo que sí aseguran es que se ha disparado el número de personas atendidas y ha cambiado el perfil del usuario en tan solo unos meses. Los «nuevos pobres» ya no son sólo inmigrantes o personas sin hogar, sino que son familias que hasta ahora sobrevivían con un salario mínimo y se han visto obligadas a recurrir a la beneficencia para poder comer o pagar el alquiler.

Los datos resultan alarmantes. Como ejemplo, Cáritas Diocesana de Valencia agotó en junio el presupuesto de acogida que tenía para todo el año. Es decir, en seis meses se ha destinado a ayudas para alquiler y vivienda el mismo dinero que en todo 2007. Y las necesidades siguen en aumento. Las parroquias atienden cada vez a más gente y empiezan a notar la falta de presupuesto para poder dar solución a la avalancha de peticiones. Asimismo, a los servicios como el que gestiona la Casa de la Caridad en Valencia o el comedor del Padre Ricardo en Castellón han empezado a llegar colectivos que hasta ahora no lo hacían, como las familias nacionales.

Personas «normalizadas»

«Antes venían muchos inmigrantes irregulares, pero debido a que son colectivos con mucha movilidad, se van a donde hay trabajo, así que ahora en cambio estamos atendiendo a más gente «normalizada», personas y familias que antes iba tirando con alguna ayuda social, pero que ya no tienen para comer». según destacan fuentes de la Casa de la Caridad, desde donde se afirma que el aumento de atenciones se ha notado desde este verano. «Se registró un incremento importante el primer semestre del año y ahora lo que se nota no es tanto el número, sino el perfil», debido principalmente a la mayor dificultad para encontrar empleo y el crecimiento de jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.

Las necesidades que ya se empezaron a detectar en 2007 «se ven agravadas ahora», según Antonio Casanova, presidente de la Casa de la Caridad, quien apeló a la generosidad de los valencianos para poder hacer frente al aumento de necesidades.

Ocurre igual en todas las Diócesis. En Alicante, Cáritas trabaja en cinco zonas que abarcan toda la provincia. Desde el verano de 2007, y a la par de la crisis, la asociación benéfica lleva observando un crecimiento paulatino pero constante aumento de personas que requieren su ayuda, sobre todo en ciertos colectivos de la sociedad más vulnerables.

En estas zonas se ha notado especialmente en inmigrantes que trabajaban en la construcción que han perdido el trabajo y no han cotizado a la seguridad social el suficiente tiempo para cobrar el desempleo, según explica la secretaria general de la entidad, Cecilia Alegre, quien destaca que también se ha notado un aumento de petición de ayuda por parte de mayores de 50 años, que han perdido el empleo, así como de mujeres que tras una ruptura familiar se tienen que encargar del mantenimiento de sus hijos y hogar. Por último, familias que no pueden hacer frente a los gastos de alquiler y de hipotecas y con dificultades para pagar impuestos forman el otro de los colectivos más afectados en la provincia.

En Castellón, el número de comensales del comedor de transeúntes del Padre Ricardo se ha disparado y en las parroquias de la provincia en los últimos meses se ha duplicado el gasto corriente en ayuda a las familias.

Fuentes de Cáritas en Castellón aseguran que la ONG ha empezado a atender pagos de alquileres, luz y agua, así como dotación de alimentos para familias que están sufriendo los efectos del paro.

Más ayudas escolares

Otro barómetro de la crisis en las familias más desprotegidas es el aumento de la demanda de ayudas para material escolar al inicio de este curso 2008 – 2009. La organización también ha duplicado el número de respuestas a las consultas que se tramitaron en los dos últimos meses en su asesoría jurídica, especialmente todas aquellas referidas a la legislación sobre impagos y vivienda.